LA JORNADA
México, D.F. .- Después de un año y nueve meses de investigación sobre la presunta violación de garantías individuales de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (FEADP) no ha acreditado la comisión de un delito federal, y se espera que un juez del fuero común conozca de las transgresiones contra los derechos de la autora del libro Los demonios del Edén, revelaron fuentes gubernamentales.
De acuerdo con las versiones obtenidas, la conclusión de las investigaciones aún tardará algunas semanas, pero -igual que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación- no se tomarán en cuenta las grabaciones en que se escucha al gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, y al empresario textilero Kamel Nacif conversando acerca de la intervención del primero para que se lograra la detención de la periodista.

El argumento del Ministerio Público Federal para no dar valor probatorio a las grabaciones en las que se presume la existencia de un plan para encarcelar a Cacho Ribeiro, es "que provienen de un acto ilícito" y, por tanto, no se puede utilizar como prueba de un delito.

Según las fuentes consultadas, hasta el momento no existe definición en cuanto a qué hacer con el expediente, ya que primero se deben sumar las investigaciones que realizó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con Actos de Violencia en contra de las Mujeres y las de la FEADP.

En ese contexto, cabe mencionar que el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Juan de Dios Castro Lozano, participó de manera directa en varias diligencias relacionadas con el tema.

Sin embargo, es responsabilidad de la FEADP, órgano de la PGR a cargo de Octavio Alberto Orellana Wiarco, determinar la indagatoria y decidir el procedimiento a seguir.

Los funcionarios entrevistados resaltaron que si bien no se ha encontrado la comisión de actos que violen un ordenamiento legal, para evitar que haya impunidad en los ilícitos que habrían cometido servidores públicos de Puebla, entre ellos el gobernador Marín Torres; la procuradora de Justicia, Blanca Laura Villeda, y agentes judiciales de esa entidad, una de las posibilidades que se han considerado es turnar el expediente a un juez federal y que éste resuelva la competencia.

Si ese juzgador se declara incompetente, porque no hay delitos federales, deberá considerar que en caso de que el asunto sea del conocimiento de autoridades poblanas o de Quintana Roo, los posibles ilícitos cometidos podrían quedar allí sin castigo, por lo que se podría turnar el caso a jueces de otras entidades, como Veracruz o Tabasco, debido a que por esos territorios pasaron los agentes de Puebla cuando detuvieron a Cacho en diciembre de 2005.