El máximo órgano jurisdiccional mexicano asumió en febrero de 2007 el caso para analizar los recursos presentados contra las largas condenas impuestas a los activistas, protagonistas de un conflicto social que derivó en una amplia intervención policial el 4 de mayo de 2006.
México, D.F..- La Corte Suprema de México ordenó hoy "la inmediata liberación" de las doce personas acusadas del secuestro de policías durante los disturbios ocurridos en mayo de 2006 en San Salvador de Atenco, en el central Estado de México, vecino a la capital.

Entre estas personas se encuentra Ignacio del Valle, líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, condenado a 112 años de cárcel y a quien la corte liberó por mayoría, mientras que en los otros once casos el órgano lo hizo por unanimidad.

La Primera Sala de la Corte, compuesta por cinco magistrados, argumentó "irregularidades en el proceso penal" para decretar esta liberación.

El máximo órgano jurisdiccional mexicano asumió en febrero de 2007 el caso para analizar los recursos presentados contra las largas condenas impuestas a los activistas, protagonistas de un conflicto social que derivó en una amplia intervención policial el 4 de mayo de 2006.

La acción policial desembocó en la muerte de dos personas, el arresto de más de 200 activistas, y según el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), la comisión de abusos sexuales contra "al menos 26 mujeres".

La actuación de las fuerzas del orden, tanto agentes federales como del Estado de México, fue denunciada por activistas y organizaciones de derechos humanos como excesivamente violenta.

Los magistrados consideraron que además de "irregularidades" en el proceso, "no hubo secuestro equiparado" y opinó que las pruebas presentadas para acusarlos fueron "ilícitas".

El magistrado José Goudiño fue el encargado de presentar el proyecto de discusión del amparo de los doce presos, condenados a penas de entre 30 a 112 años.

"Éste fue un hecho que muestra cómo se trató de criminalizar la justicia social", opinó el magistrado Juan Silva.

En 2008, la SCJN reconoció que sí hubo "violaciones graves" a los derechos humanos de los detenidos y además recomendó a las autoridades mexicanas "vigilar y regular los excesos y abusos de autoridad".

En tanto, familiares de los liberados, activistas, observadores e invitados internacionales, como la estadounidense Jody Williams, Nobel de la Paz en 1997, celebraron esta decisión por considerarla como un "paso importante de la justicia", que además permite la reparación del daño de los presos y sus familias.

El Alto Tribunal giró un "telegrama" a las autoridades judiciales para que "se ponga en inmediata libertad" a los presos que se encuentran en los penales de La Palma y Molino de las Flores.

La hija de Ignacio del Valle, América del Valle, contra quien hay una orden de aprehensión, se encuentra desde hace una semana en calidad de "huésped" en la Embajada de Venezuela en la capital mexicana para evitar su detención.

Hasta el momento no se han depurado responsabilidades en el Gobierno estatal o federal por las muertes y las presuntas violaciones ocurridas durante los disturbios.