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México, D.F.- La Procuraduría General de la República aseguró ayer oficialmente que no tiene registro alguno de conductas delictivas imputables a Manuel Rodríguez Arregui, actual subsecretario en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien en 2002 enfrentó acusaciones de fraude fiscal pero obtuvo un "perdón" otorgado por el entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz.
El Universal informó ayer que el Ministerio Público Federal giró una orden de presentación contra el Rodríguez Arregui por una presunta falsedad en declaración derivada del referido caso, investigación que tendría una ruta paralela al tema fiscal. La fuente de este reporte, que previamente solicitó anonimato dada la naturaleza del asunto, insistió la noche de ayer en la existencia de tal orden.

El eje de este asunto está centrado en investigaciones desarrolladas por autoridades hacendarias y judiciales sobre el Consorcio Azucarero Escorpión (Caze), propiedad de Enrique Molina Sobrino. En 2002 se determinó una evasión por más de 2.7 millones de pesos, y en apego a la ley, se fincaron responsabilidades a los miembros del Consejo de Administración, entre los que figuraba Rodríguez Arregui.

A ello siguió el otorgamiento del referido "perdón fiscal", solamente para el ahora servidor público, lo que atrajo una polémica en el sector financiero, agravada por el rechazo a un número no determinado de solicitudes presentadas por particulares, para recibir también este tipo de beneficio.

Eventualmente, el Código Fiscal fue reformado a fin de acotar la atribución de las autoridades hacendarias para extender este tipo de privilegios. (El Universal)

Rodríguez Arregui fue coacusado por evasión junto con el zar azucarero Enrique Carlos Molina Sobrino; el hijo de éste, Enrique Carlos Molina Basteris -detenido por estos hechos el fin de semana-, y su abogado Jorge Isaac Gastélum Miranda, entre otros.

A todos ellos se les imputó, junto con Rodríguez Arregui, el haber incumplido ante las autoridades hacendarias el pago del Impuesto Sobre la Renta de mayo a diciembre de 1999, que grupo Caze retuvo a sus empleados del ingenio de Atencingo.

Por estos hechos, el 12 de octubre de 2002 el Juzgado Segundo de Distrito en Puebla giró órdenes de aprehensión contra los inculpados, para iniciar un eventual proceso penal; sin embargo, la Procuraduría Fiscal solicitó a ese mismo juez que se le otorgara el perdón fiscal a Rodríguez Arregui, y su caso fue sobreseído.

El perdón fiscal es la facultad que posee la Secretaría de Hacienda para deslindar de responsabilidad a un presunto evasor y solicitar a un juez el sobreseimiento de la causa penal en su contra.