‘Ordeña’ se castiga con 15 a 25 años de prisión
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El saqueo de los ductos está en manos de las grandes organizaciones criminales
CDMX.- El año pasado se aprobó en México una ley que sanciona con una pena de 15 a 25 años de prisión a quien sustraiga ilegalmente hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos de ductos, vehículos, equipos o instalaciones. También sanciona con penas de tres a seis años de cárcel a quienes alteren los sistemas de medición en la venta de gasolina o diésel.
El castigo es muy superior al de una violación (8 a 14 años en la legislación federal) y queda a poca distancia del asesinato (30 años, el mínimo). Esta fuerte sanción, aparte de abrir una reflexión sobre el machismo, es indicativa del enorme malestar que, en un País con 53 millones de pobres, genera el robo de hidrocarburos, uno de los grandes bienes nacionales.
El saqueo de los ductos está en manos de las grandes organizaciones criminales, que las han convertido en epidemia en estados como Tamaulipas, donde la violencia es la ley. Allí, el botín es revendido en gasolineras (pocas se atreven a negarse) que las ofrecen a precios más bajos al usuario. Las denuncias raras veces acaban en condenas.Ninguna institución ha sido capaz de poner fin a este robo, encubierto por complicidades.
Este expolio masivo ha encendido las todas alarmas. No sólo Pemex, sino los negocios petroleros que, tras el fin del monopolio, tienen las miras puestas en México corren el riesgo de verse afectados. De ahí, que la legislación se haya endurecido sin apenas resistencia. La Ley Federal para Prevenir y Sancionar Delitos en Hidrocarburos, más conocida como ley antiordeña, cosechó en la Cámara de Diputados 340 votos a favor, 54 abstenciones y sólo 7 votos en contra.
La norma se suavizó al retirarse un apartado que imponía fuertes penas de cárcel a quienes obstruyeran el acceso a instalaciones petroleras. Los partidos de izquierda consideraron que se trataba de una criminalización flagrante de las protestas sociales.
El dato
>El castigo es muy superior al de una violación (8 a 14 años en la legislación federal) y queda a poca distancia del asesinato (30 años, el mínimo).
