PGR acepta recomendaciones de CNDH pero no las atiende

Por Arturo Ángel (@arturoangel20) para Animal Político

Ciudad de México.- Entre el 2011 y 2015, la Procuraduría General de la República (PGR) recibió y aceptó 19 recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por violaciones graves cometidas por sus funcionarios. De todas ellas solamente una recomendación ha sido resuelta.

Los resultados de un análisis realizado por la Auditoría Superior de la Federación respecto a los derechos humanos en el proceso penal en México arrojó que casi el 95 por ciento de las recomendaciones dirigidas a la Procuraduría continúan estando en trámite, con múltiples puntos recomendatorios que no se han atendido.

Esto pese a que las recomendaciones están relacionadas con violaciones graves de los derechos humanos de al menos 212 personas, y que van desde casos de desaparición forzada, hasta tortura y privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro y trata de personas.

Los reportes a los que tuvieron acceso los auditores revelan que, entre 2011 y 2015, se dirigieron ocho mil 525 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos a la PGR que dieron paso a 19 recomendaciones.

Cuatro de las recomendaciones fueron emitidas en 2011, tres en 2012, cinco en 2013, cuatro en 2014, y tres en 2015. De todas ellas, solamente una recomendación de 2011 ha sido completamente atendida.

Cada recomendación que emite al CNDH puede tener uno o varios “puntos recomendatorios” que son las acciones específicas que se pide cumplir a la dependencia involucrada para atender la recomendación y reparar el daño que se haya causado, así como prevenir que se cometan las mismas conductas.

El análisis de los auditores arroja que las 19 recomendaciones que la CNDH dirigió a PGR entre 2011 y 2015 comprenden en total 98 puntos recomendatorios. De todos estos puntos la Procuraduría solo ha realizado 33, lo que significa que casi el 70 por ciento de ellos siguen sin ser resueltos por la dependencia.

¿Por qué solo una recomendación ha sido atendida por la PGR en su totalidad? El argumento dado por la dependencia a los auditores es que la mayoría de los casos están ligados con la apertura de averiguaciones previas y por lo tanto lleva su tiempo.

Entre las recomendaciones que están pendientes de ser atendidas en su totalidad, hay casos de alto impacto como el de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa que se dio a conocer desde abril de 2015.

En su momento la propia CNDH denunció públicamente que la Procuraduría no había cumplido a cabalidad ninguno de los 26 puntos recomendatorios relacionados con el caso Ayotzinapa y entre los que se encontraban realizar nuevos peritajes a las evidencias encontradas, solicitar ayuda internacional para la captura de personas involucradas, desahogar nuevas líneas de investigación entre otros.

Ni las quejas se atienden a tiempo Una queja es una denuncia presentada por una persona ante la CNDH en donde alude que sus derechos fueron violados. Entre 2011 y 2015 se presentaron en total ocho mil 662 quejas en donde figuraban como posibles responsables funcionarios de la Procuraduría General de la República.

Lo que los auditores descubrieron es que las quejas, si bien son atendidas por la Procuraduría al responder requerimientos de información u otros aspectos que la CNDH le solicita, esto ocurre con un retraso considerable.

Por ejemplo en 2015 la PGR recibió solicitudes relacionadas con mil 538 expedientes de queja. La ley dela CNDH establece que cada queja debe ser respondida en un plazo no mayor a 15 días naturales después de que se recibe la notificación, pero la Procuraduría solo atendió 92 de ellas en ese lapso, es decir menos del seis por ciento.

Hay quejas que tuvieron que esperar incluso más de 400 días para poder ser atendidas por la Procuraduría General dela República.

“Con el análisis anterior, se constató que, en 2015, la PGR atendió a todas las solicitudes de información de la CNDH, pero el tiempo para atender las solicitudes de 1,485 expedientes fue 99 veces más de lo señalado por la ley de la CNDH” indica el análisis.

Los auditores también reportaron deficiencias en la integración de los informes de las quejas y sistematización lo que impide darles un seguimiento adecuado sobretodo en cuanto a los tiempos de atención.

Para solucionar esto la PGR prometió que pondría en marcha un mecanismo específico de seguimiento de las solicitudes con base un semáforo que indique en color amarillo y rojo las quejas que estén sobre el límite para ser atendidas.

Los auditores también verificaron el cumplimiento de la Procuraduría en cuanto a las “medidas precautorias y cautelares” que se le solicitan, y que son acciones de aplicación inmediata cuyo objetivo es prevenir o impedir que los derechos humanos de una persona sean violados de forma reiterada.

De acuerdo con la información proporcionada por la Procuraduría, en 2015 recibió ocho solicitudes de medidas precautorias que fueron atendidas en su totalidad, sin embargo, los datos de la CNDH revelan otra cosa.

“Para la CNDH cuatro (de las solicitudes de medidas precautorias) están atendidas totalmente; tres se encuentran en investigación y/o averiguación previa y en una se reportó que no se aplicó medida alguna; de esas cuatro, el tiempo en el que la entidad las atendió fue de 13 días” revela el informe de los auditores.

Impunidad Las 19 recomendaciones que la CNDH dirigió a la PGR entre 2011 y 2015 identifican a 53 funcionarios como probables responsables de haber perpetrado las distintas violaciones a derechos humanos. Para investigar las denuncias y delitos cometidos la Procuraduría inició un total de 34 averiguaciones previas.

Pero hasta ahora, de todos ellos, solamente un funcionario ha sido sancionado siendo destituido de su puesto y consignado ante los juzgados correspondientes. La ASF consideró que esto refleja una eficacia de apenas un 1.9 por ciento.

En respuesta a estos cuestionamientos hechos por la auditoría la Procuraduría responsabilizó de nueva cuenta al tiempo que lleva una investigación penal el que no haya resultados pronto.

“Para el ejercicio fiscal de 2016 se realizó una reforma al sistema penal acusatorio en el que se impusieron plazos para la atención de las averiguaciones previas a los ministerios públicos con lo cual se dará mayor celeridad a la atención de las sanciones, toda vez que en la mayoría de los casos el motivo por el cual no se le da pronta atención a las sanciones es por la tardanza en la atención y desahogo de las averiguaciones previas” respondió PGR a la ASF.

Capacitación dudosa La Procuraduría informó a la Auditoría que entre 2011 y 2015 capacitó a 34 mil 925 funcionarios en temas relacionados con Derechos Humanos, tanto de la propia dependencia como de otras procuradurías y fiscalías en los estados.

En este lapso de cinco años la dependencia incrementó más de 30 por ciento el número de funcionarios capacitados. El problema, es que no existe un mecanismo que permita evaluarla eficacia de esta capacitación.

“La entidad fiscalizada no acreditó contar con la información sobre la evaluación de los trabajos de capacitación de la cultura de los derechos humanos en los servidores públicos de la institución que permita evaluar el efecto de la capacitación de los servidores públicos en la disminución del número de quejas, recomendaciones y sanciones interpuestas, en cumplimiento de lo que establece el Manual de Organización General de la PGR” concluyeron los auditores.

Por Arturo Ángel (@arturoangel20) para Animal Político