Explotación carbonífera: la irregularidad es la norma

Se ha dicho hasta la saciedad en la última semana: solamente la existencia de una red de corrupción explica la persistencia de los denominados “pocitos” como parte de la actividad extractiva en la Región Carbonífera de Coahuila. Y los datos que van saliendo a la luz no hacen sino confirmar el señalamiento.

De acuerdo con el reporte que publicamos en esta edición, quien aparece como propietario –o concesionario– del “pocito” El Pinabete –siniestrado hace ya una semana y donde permanecen atrapados 10 mineros– podría no ser el verdadero dueño, sino un “prestanombres” que sirve a los intereses de alguien más que se beneficia de los contratos que le otorga la Comisión Federal de Electricidad (CFE), principal consumidor del carbón de esa región.

El hecho ha sido denunciado por la organización Familia Pasta de Conchos, un colectivo dedicado a la defensa de los derechos de los mineros y la principal voz crítica en contra de las prácticas extractivas del carbón.

En un hilo publicado en su cuenta de Twitter, la organización ha señalado que Cristian Solís, quien formalmente aparece como dueño del pozo inundado, “es un muchacho del pueblo que tontamente aceptó ser prestanombres. Su esposa hace rifas en Facebook y su madre es trabajadora de una maquiladora por lo que no es el dueño, ni socio, ni aliado en El Pinabete”.

Si la información es real, algo que puede constatarse con enorme facilidad, resultaría inexplicable cómo alguien sin patrimonio personal, es decir, alguien que no es empresario, ha logrado obtener contratos de la CFE por alrededor de 75 millones de pesos en los últimos dos años.

Por otro lado, resulta obligado cuestionar cómo habría logrado una empresa que en realidad debería ser catalogada como “fantasma”, ser incluida en el padrón de proveedores que, según altos funcionarios de la Secretaría de Energía y la CFE, habría sido depurado mediante procedimientos que garantizarían la erradicación del “coyotaje”.

El señalamiento de la organización Familia Pasta de Conchos debería ser tomado con seriedad por la Fiscalía General de la República, entidad que anunció el fin de semana anterior la existencia de una carpeta de investigación para determinar la posible comisión de delitos federales en torno a este caso.

Cortar de tajo las prácticas viciadas que históricamente han caracterizado a la explotación carbonífera en Coahuila tendría que ser un compromiso ineludible por parte de los gobiernos federal y estatal, pues sólo de esta forma se evitará que la próxima tragedia –que en este momento se está fraguando, sin duda– se consume en cualquier momento.

Investigar los hechos y llegar al fondo de las cadenas de corrupción ubicadas detrás de la inundación de El Pinabete y de todas las tragedias ocurridas en la Carbonífera, es una tarea bastante sencilla que no requiere de talentos o técnicas especiales. Lo que sí hace falta es compromiso con la verdad y la dignidad de quienes arriesgan cotidianamente su vida en estas instalaciones.

Cabría esperar que, a diferencia de lo ocurrido en el pasado, el asunto no reciba el clásico “carpetazo” en cuanto se disipe en el ambiente el eco de la noticia.