FGR: ¿actuará de forma ejemplar contra ‘pocitos’?

La Fiscalía General de la República anunció ayer que ha decidido imputar penalmente al concesionario de la mina El Pinabete, un “pocito” en el cual continúan atrapados una decena de mineros desde hace una semana. La Fiscalía informó también que la decisión se da a partir de la convicción de que la operación de la mina se daría en condiciones ilegales.

Como primer paso en el proceso que se ha iniciado, la FGR informó que ha solicitado al Centro de Justicia Penal Federal –ubicado en la ciudad de Torreón– que cite a una audiencia judicial a fin de imputar en esta a Cristian Solís Arriaga, quien aparece formalmente registrado como concesionario de la mina siniestrada.

El anuncio realizado por la dependencia sin duda responde a uno de los mayores reclamos que se han formulado desde el miércoles de la semana anterior cuando se registró la inundación de la mina: que se investiguen y castiguen las múltiples irregularidades que implica la operación de este tipo de explotaciones mineras.

Sin embargo, es necesario señalar que la procuración y administración de justicia, para ser eficaz, debe estar orientada en este caso, en primerísimo lugar, a esclarecer la verdad de los hechos y eso implica poner al descubierto la presunta red de corrupción que se ubica detrás de la operación del “pocito”.

Y para hacer eso, es necesario investigar no solamente a las personas físicas que operan desde la posición de empresarios y administradores, sino también a quienes, desde las responsabilidades públicas, habrían contribuido con sus omisiones a fraguar la tragedia.

Al respecto es preciso recordar que existe una denuncia puntual según la cual Cristian Solís sería en realidad un “prestanombres” que trabaja para alguien más, es decir, para otra persona que es quien realmente se beneficia de la existencia de los pozos mortales.

Por otra parte, también se ha denunciado que las autoridades responsables de vigilar la operación de este tipo de instalaciones no cumplen con su responsabilidad e incluso que ni siquiera asisten a las minas sino que acuden a las oficinas de los representantes legales de estas a recabar las firmas necesarias para legitimar los “reportes” de operación.

En otras palabras, no se trata simplemente de que alguien –cualquier persona– termine sometido a proceso y eventualmente condenado por los hechos ocurridos en El Pinabete.

Ciertamente no es posible imputar ningún otro delito a nadie mientras no se conozca el desenlace de este episodio, un epílogo que todo mundo desea que sea feliz, pero incluso en tales circunstancias la investigación de los hechos puede –y debe– ser más amplia.

Porque solamente si de este caso se desprende una investigación y un castigo ejemplares puede aspirarse a que la realidad de la explotación carbonífera en Coahuila se transforme y pueda dejarse atrás la estela mortuoria de una actividad que ya acumula demasiadas víctimas.