Paridad de género: el INE discute cómo garantizarla

El debate sobre la conformación de un esquema normativo que garantice igualdad en el acceso a los cargos públicos a hombres y mujeres lleva en nuestro país al menos dos décadas. Ayer, los integrantes de dos comisiones del Instituto Nacional Electoral dieron un paso adicional aprobando un proyecto de acuerdo que dará otra vuelta de tuerca en este proceso.

Derivado de las reformas constitucionales de 2014 y 2019, que establecieron la obligación de garantizar la “paridad en todo” -o paridad transversal- en los cargos de elección popular, así como de diversas sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el INE debate ahora la necesidad de incorporar el principio de “competitividad” en las candidaturas al cargo de titular del poder ejecutivo de los estados.

De acuerdo con el proyecto aprobado ayer -y que será discutido en la sesión del Consejo General del INE del próximo 20 de julio-, los partidos políticos nacionales deberán garantizar dos cosas de forma simultanea respecto de los comicios estatales a realizarse en 2023:

La primera es que al menos se postulará una mujer en una de las entidades. La segunda, que la entidad en la cual se postule a una mujer sea aquella en la cual el partido político tenga más oportunidades de alcanzar el triunfo.

En otras palabras, lo que el INE pretende conseguir, en tanto se legisla al respecto, es que la paridad no se limite simplemente al otorgamiento de “cuotas” a las mujeres, sino que se refleje en lo sustantivo: que más mujeres ocupen el cargo de titular del Ejecutivo en sus estados.

A la fecha -y como nunca antes en la historia del país- nueve mujeres ocupan una gubernatura. El año próximo serán al menos 10. Pero podrían ser 11 si las dirigencias de los partidos políticos deciden adoptar, de una buena vez, una política a favor de las mujeres y avanzar hacia la paridad sustantiva cediendo el paso a cuadros femeninos en la elección del año próximo.

Porque, la verdad sea dicha, la discusión sobre el andamiaje jurídico para garantizar la paridad de género ha sido tan larga porque en los partidos políticos no existe una verdadera vocación por la igualdad y por ello los avances han debido ser graduales.

En estricto sentido, no se requiere ninguna regla jurídica -ni en la Constitución ni en las leyes secundarias- para que la igualdad se garantice: habría bastado, desde hace mucho tiempo, con que existiera vocación en este sentido y los partidos políticos, sin necesidad de que la autoridad les obligara, habrían creado reglas para ello.

Que el debate siga siendo acalorado, por lo demás, es la mayor evidencia de que aún existen muchas resistencias que impiden -puertas adentro de los partidos políticos y en múltiples espacios de la vida social- ver a las mujeres como iguales y, en consecuencia, otorgarles igualdad de oportunidades.

Por ello, la discusión no terminará con la aprobación del próximo 20 de julio, sino que se prolongará hasta que los patrones socioculturales que la alimentan se hayan transformado.