La (peligrosa) apuesta de Manolo
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Digámoslo pronto y claro para centrar la discusión en lo importante: el presidente Municipal de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, se encuentra en abierta campaña por la candidatura de su partido a la gubernatura del Estado. Falta mucho, es cierto, pero aparentemente el edil capitalino cree en aquello de madrugar para obtener el favor divino.
Nada de ilegítimo hay en ello, también debe decirse con absoluta claridad. Manolo tiene derecho de aspirar -como cualquier político- a gobernar el estado y para ello sólo debe cumplir un requisito: obtener el favor de los electores en las urnas.
El punto no es entonces criticar las legítimas aspiraciones de quien dos veces ha conquistado ya la confianza de los saltillenses para gobernar la ciudad. El punto es analizar hasta dónde está dispuesto a llegar para ver colmadas sus aspiraciones y si en ello existen riesgos para los ciudadanos.
Un aspecto en particular debiera llamar nuestra atención y en torno a éste recrearse una discusión seria -muy seria-, con la participación de todos los actores relevantes de la comunidad: la seguridad pública.
¿Cuál es el punto con la seguridad pública? La respuesta es simple y, al mismo tiempo y sin contradicción de por medio, sumamente compleja: Manolo ha decidido incorporar el tema de la seguridad pública a su estrategia de imagen, es decir, al catálogo de aspectos con los cuales se dedica a “presumir” su éxito como Presidente Municipal de Saltillo.
No es una mala idea… ¡es una pésima idea!
¿Cómo se sostiene la afirmación anterior? Antes de responder al cuestionamiento conviene recordar un hecho a partir del cual, según parece, fue tomada la decisión de “hacer campaña” con el tema de la seguridad: la publicación de la edición de abril pasado de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, del INEGI, según la cual, los saltillenses somos quienes tenemos la mejor percepción de seguridad en el país.
Saltillo, conviene recordarlo, ya venía apareciendo en el “top 5” de ciudades con mejor percepción ciudadana de seguridad -no necesariamente “más seguras”. En diciembre pasado ocupó el cuarto lugar del ranking nacional.
Pero haber “saltado” al primer lugar parece haber envalentonado a la administración municipal para decidirse, diría Mecano, a probar cuán hondo es el río, con los dos pies.
El problema con eso -para responder a la pregunta- es la imposibilidad de dar vuelta en redondo una vez tomada la decisión de convertir en eslogan de campaña los “éxitos” en seguridad. Lejos de tal posibilidad, las afirmaciones realizadas deben sostenerse en el tiempo… eventualmente a cualquier costo.
La prueba de fuego llegó apenas 10 días después de la difusión de la encuesta del INEGI: primero apareció el cuerpo de una mujer -aparentemente ejecutada- en la colonia San Ramón; al día siguiente, un enfrentamiento en Loma Linda dejó un saldo de nueve personas muertas, “presuntos integrantes de una célula de la delincuencia organizada”, según la versión oficial.
De entonces para acá, los signos de deterioro de la seguridad pública -no sólo en Saltillo, sino en todo Coahuila- no han hecho sino multiplicarse, lo cual se traduce en un hecho puntual: hacer campaña con el tema de la seguridad se vuelve imposible -o al menos muy difícil- a la luz de los hechos.
Y aquí es donde el asunto se pervierte de forma peligrosa para los ciudadanos, pues justo cuando se vuelve difícil usar el tema de la seguridad pública como plataforma electoral surge la tentación de maquillar la realidad, de manipular la verdad.
A eso ha dedicado justamente sus energías la administración de Manolo Jiménez en las últimas semanas: a sostener a toda costa la idea de Saltillo como “la ciudad más segura del país”, incluso si eso implica, como todo hace indicar, cruzar la frontera de la legalidad.
Un día sí, y al otro también, el Gobierno de Saltillo utiliza cualquier pretexto para vendernos a los policías municipales como “héroes civiles” y dedica esfuerzos a minimizar los excesos y abusos cometidos por los uniformados, circunstancia ampliamente documentada por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, cuyos archivos se encuentran inundados de denuncias contra elementos policiales.
Se trata de una peligrosa apuesta, pues la obsesión por venderse como el “campeón de la seguridad pública” está llevando a Manolo a cometer errores cuyo costo, con independencia de si él termina pagándolos electoralmente en el futuro, en términos de lo inmediato nos cuestan a los ciudadanos.
A contracorriente de la lógica (contaminada) del alcalde, la solución es mucho más simple: sacar del catálogo de temas de su estrategia de campaña el tema de la seguridad pública, pues persistir en esta ruta implica ceder crecientemente a tentaciones peligrosas.
La seguridad pública no es un acto de voluntad o un derivado del carisma personal basado en una sonrisa de fotografía. Ojalá el alcalde lo entienda pronto… volveremos al tema.
¡Feliz fin de semana!
@sibaja3
