Los desaparecidos y la incompetencia gubernamental

Una de las heridas que el pasado reciente ha dejado en el tejido social del País es la representada por la desaparición de miles de seres humanos que el abandono de las responsabilidades públicas –con sus múltiples traducciones– provocó en todo el territorio nacional.

Se trata de una herida que no deja de doler y que, en buena medida, ni siquiera puede cicatrizar porque la inacción y la incompetencia gubernamentales –en todos los órdenes de gobierno– no cesan de causarle agravio a las familias que son víctimas de tales hechos. 

La evidencia de que esto es así abunda, pues en cientos de ocasiones los familiares de los desaparecidos han demostrado ser más eficaces, más hábiles y más meticulosos en la búsqueda y tratamiento de las evidencias que conduzcan a la verdad de lo ocurrido.

Si algo se ha probado en los últimos años es que no ha sido gracias al “entrenamiento”, las “estrategias” o el equipo con los cuales cuentan las instituciones públicas, que se ha logrado algún avance en la investigación de las desapariciones forzadas, sino el tesón y las energías que las familias de los desaparecidos han invertido en las tareas relacionadas con la búsqueda de sus seres queridos.

Y recordar estos detalles es relevante porque eso es lo que permite dimensionar la relevancia del hecho que hoy consignamos en esta edición, y que constituye uno de esos ejemplos inauditos de torpeza y desaseo en la actuación de las instituciones públicas: la “desaparición” de equipo especializado para la búsqueda de personas desaparecidas.

De acuerdo con los datos revelados por Silvia Ortiz, activista fundadora del “Grupo Vida”, una auditoría practicada en la delegación Coahuila de la Fiscalía General de la República habría evidenciado que dicha dependencia fue dotada de tres vehículos equipados especialmente para la práctica de diligencias forenses relacionadas con las investigaciones de personas desaparecidas.

Sin embargo, aunque la auditoría reveló la existencia de los vehículos, resulta que materialmente estos no existen en la delegación estatal de la FGR. Pero no sólo eso, sino que el personal de la dependencia asegura ¡que no sabía que les habían asignado tales vehículos!

Se trata de un hecho condenable, es cierto, pero sobre todo se trata de una realidad indignante que no puede sino obtener la condena unánime. Y quienes interpretan el hecho como una burla a su dolor y una manifestación extrema del desprecio que las instituciones públicas les han dispensado en términos generales, sin duda tienen razón en manifestar esa posición.

“No puede ser posible, porque ni ellos ni nosotros teníamos idea de que la FGR tenía ese equipo a su disposición. De hecho, ellos nos pedían a nosotros material. No puede ser posible que la FGR ni siquiera tenía idea del material con el cual podía disponer”, ha dicho al respecto Silvia Ortiz.

Poco queda por agregar a eso, como no sea el señalamiento de que se trata de un hecho que no puede quedar impune, pues se trata de una afrenta a las víctimas que no puede quedar en simple anécdota.