‘Pleitos entre funcionarios’, ¿disminuyen la corrupción?

A los titulares de las dependencias públicas que integran el Sistema Anticorrupción del Estado se les va agotando el tiempo para ofrecer resultados a partir de un modelo que no está diseñado realmente para garantizarlos. A la conclusión anterior es fácil arribar a parir de dos elementos centrales:

Por un lado, no hace falta sino observar el complejo entramado institucional creado a partir de una legislación teóricamente diseñada para combatir con eficacia la corrupción, para entender que es un “monstruo” que no asusta a nadie porque, más allá de su deformidad, carece de eficacia.

Por el otro, es claro que los ciudadanos no han dejado de manifestar impaciencia en la presentación de resultados y cotidianamente reclaman que, por la razón que sea, la corrupción y la impunidad siguen gozando de cabal salud.

La exigencia ciudadana fácilmente se ve traducida en tensión en las instancias públicas cuyos titulares, a falta de resultados concretos que ofrecer, parecen haber decidido iniciar una guerra intestina entre ellos.

O al menos eso se desprende del “enfrentamiento” que por estos días recrean el fiscal Anti corrupción, Jesús Homero Flores Mier, y el Auditor Superior del Estado, Armando Plata Sandoval, quienes no han dudado en “airear” sus diferencias.

La razón de la confrontación es simple: nadie quiere ser señalado como responsable del mucho ruido y casi nulas nueces producidas hasta ahora por un Sistema de rimbombante nombre pero muy pobre efectividad, en torno al cual teóricamente “se coordinan” siete instituciones públicas que nos cuestan una millonada a los ciudadanos.

Así pues, para Armando Plata su participación en el combate a la corrupción se limita a presentar tantas denuncias como pueda y por eso ha remitido cientos de expedientes que generan una presión importante para el responsable de la Fiscalía Anticorrupción.

Frente a ello, Jesús Flores Mier no ha tenido más remedio que salir a decir que no se trata de presentar docenas y docenas de denuncias, sino de armar bien los casos, tarea en la que falla la ASE.

¿Qué pasaría si a la ecuación se sumara la Secretaría de la Función Pública, el Tribunal de Justicia Administrativa o el Tribunal Superior de Justicia y se les exigieran resultados con el mismo empeño? Muy seguramente veríamos una auténtica batalla campal en la que todo mundo intentaría librarse de la culpa de no haber disminuido un ápice la corrupción.

Y es que el problema de fondo es que todo el Sistema -o quienes forman parte del mismo- se encuentra atrapado en la confluencia de las redes de intereses que han prohijado históricamente la corrupción.

Al final, parece ir quedando claro el asunto: no solamente el modelo está diseñado para que no funcione; quienes fueron designados para hacerlo funcionar carecen de un compromiso real con el combate a la corrupción y la impunidad y por ello son incapaces de ofrecer resultados concretos.