Rescate e investigación: ¿no pueden ir paralelos?

La secretaria de Trabajo y Previsión Social del Gobierno de la República, Luisa María Alcalde, afirmó ayer que las investigaciones sobre lo ocurrido en el “pocito” El Pinabete se iniciarán hasta que concluya el rescate, porque en este momento la prioridad es encontrar a los 10 mineros que siguen atrapados en el lugar.

“Una vez concluida la prioridad, que es esa (el rescate), entonces iniciarán las investigaciones en donde nosotros vamos a participar en eso... la investigación viene después de la prioridad absoluta que es el rescate, todo se va a conocer, absolutamente todo. Toda la investigación se va a dar a conocer, pero primero el rescate”, señaló la funcionaria.

Conviene decir al respecto que el señalamiento de la funcionaria se dio luego de que inauguró –en la Ciudad de México– la Feria Nacional del Empleo para la Inclusión Laboral de la Juventud. Al ser entrevistada, justificó su ausencia del lugar de la tragedia diciendo que los responsables del rescate son el personal del Ejército y Protección Civil y no la dependencia a su cargo.

Tiene razón al decir que su presencia no es indispensable en el lugar de los hechos si no se va a involucrar directamente en las tareas que en este momento se están realizando para localizar a los mineros atrapados. Sin embargo, resulta obligado cuestionar si no podría coordinar otras tareas que también son necesarias, como la investigación de los hechos.

También es cuestionable el que la funcionaria plantee –así sea de forma indirecta– que el rescate y la investigación de lo ocurrido son dos tareas mutuamente excluyentes, es decir, que no puede realizarse la segunda mientras no concluya la primera.

¿Por qué la investigación “viene después”? ¿Por qué no puede trabajarse en paralelo en la documentación de las circunstancias en las cuales operaba el “pocito” siniestrado? ¿Por qué no podría, desde ahora, comenzar a reunirse la evidencia respecto de los presuntos actos de corrupción que se ubican detrás de la tragedia y han sido denunciados en los últimos días?

De hecho, la respuesta de Alcalde Luján no hace sino abonar a los señalamientos reiterados que se han hecho respecto del abandono de funciones por parte de la institución a su cargo, pues la ausencia de respuestas de su parte deja puesta la mesa para especular que nada se dice porque, en efecto, no se conoce la realidad del caso.

Señalar lo anterior es particularmente importante porque, como se ha dicho en forma reiterada, una de las conclusiones que deberían surgir de este episodio es que los “pocitos” no pueden seguir siendo tolerados porque hacerlo equivale a condenar a la muerte a más mineros en el futuro.

Por ello es que respuestas como la ofrecida ayer por Luisa María Alcalde resultan inaceptables y deben dar lugar a una exigencia reiterada para que las autoridades responsables –la STPS de forma destacada– asuman su responsabilidad de una buena vez y actúen para impedir que en cualquier momento estemos reseñando una nueva tragedia.