Servicio médico de la 38: un auténtico ‘barril sin fondo’

Ninguna novedad representa el reseñar que las finanzas del Servicio Médico del Magisterio −que en realidad es un sistema de la Sección 38 del SNTE− cierren el año de forma deficitaria. Y tampoco es novedad advertir que el “boquete” en las finanzas de dicha institución crece año con año.

En efecto, como lo reseñamos en esta edición, al cierre de 2021, de acuerdo con los datos de su cuenta pública, el Servicio Médico del Magisterio coahuilense tuvo un déficit de casi 118 millones de pesos, una cifra que casi duplica el déficit del año anterior.

¿Y por qué no es una novedad? Porque, como se ha señalado repetidamente, se trata de
un mecanismo de seguridad social cuyo diseño está condenado a ser deficitario, por más “parches” que se le hagan a la legislación que regula su funcionamiento.

No parecía así al principio y había buenas razones para ello. La principal de ellas era que las aportaciones realizadas por el gremio magisterial y su patrón −el Gobierno del Estado− eran superiores a los gastos que debía realizarse por concepto de atención médica de una población derechohabiente esencialmente joven en la cual no figuraban los pensionados.

Con el paso del tiempo, la realidad se fue invirtiendo hasta llegar a la situación actual en que el déficit no deja de crecer porque, aunque el número
de derechohabientes activos no disminuye, el de los jubilados
y pensionados no deja de aumentar.

La ecuación es simple: mientras los que aportan al sostenimiento del sistema se mantienen, los que no aportan, pero de todas formas siguen demandando servicios de salud, son cada día más. El financiamiento del modelo se vuelve, en esas condiciones, insostenible.

Ninguna culpa tienen de ello los jubilados y pensionados, es necesario decirlo. La realidad actual del sistema de salud del magisterio adherido a la Sección 38 no es responsabilidad de quienes, en defensa de sus derechos, han promovido amparos para evitar que se les impongan cargas financieras indebidas.

Por ello, más allá de la repartición de culpas, lo que tendría que asumirse, de una vez por todas, es que el esquema diseñado para garantizar el derecho a la salud de los trabajadores de la educación en la entidad es insostenible y, por tanto, debiera desaparecer.

Los sistemas de salud pública tienen posibilidades de cumplir sus obligaciones en la medida que son capaces de realizar economías de escala porque atienden las necesidades de toda la población. Por ello, los esquemas “especiales”, como el creado para la Sección 38 del SNTE, están condenados al fracaso por ser financieramente inviables.

Entre más pronto se asuma esta realidad, más pronto podrá transitarse hacia una solución real de la crisis que vive dicho sistema y más pronto, también, los contribuyentes dejaremos de seguir pagando los costos de un modelo destinado, desde el principio, a fracasar.