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Cd. de México.- Tras el análisis del paquete de reformas a la legislación fiscal y a la discusión y valoración del paquete económico para 2008 enviado por el Ejecutivo al Congreso de la Unión, los legisladores del PRI pidieron al presidente Felipe Calderón "comprometerse en lo fundamental".
Se trata de fortalecer, dice el Partido Revolucionario Institucional (PRI), la economía nacional, proteger el empleo y estimular la creación de más oportunidades de trabajo y de mejores ingresos para los mexicanos.

En una carta enviada al presidente Felipe Calderón, el PRI considera necesario que la sociedad mexicana tenga claridad sobre el destino de los ingresos derivados de la política fiscal, y que existan precisiones sobre proyectos y programas que expliquen a los contribuyentes el destino de sus esfuerzos.

Fechada el día 10 de septiembre pero dada a conocer este miércoles, en la misiva enviada al Ejecutivo el Partido Revolucionario Institucional reitera su "disposición al diálogo y nuestra responsabilidad con las instituciones del Estado mexicano".

Desde su perspectiva, es fundamental que el gobierno federal se comprometa con un conjunto de criterios para el ejercicio del gasto público que apoyen el desarrollo regional, impulsen la competitividad e incidan en una equitativa distribución del ingreso y combatan la marginación y la pobreza.

Firmada por la presidenta nacional del partido, Beatriz Paredes, así como por sus coordinadores legislativos en las cámaras de Senadores y de Diputados, Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa, en la carta el PRI le propone al Ejecutivo suscribir cuatro compromisos.

En el primero de ellos, y que el PRI llama "Compromiso para el impulso del gasto social y del desarrollo rural", se pide instrumentar un programa emergente de salud, nutrición, educación y abasto social para prevenir el hambre en los 100 municipios más pobres del país.

También garantizar el gasto operativo en salud, sobre todo en entidades con mayores rezagos y que padecen altos índices de desnutrición y morbilidad; atender la demanda, cobertura y calidad educativa en todos sus niveles, y vincular la oferta con las demandas del sector productivo y el desarrollo regional.

En el "Compromiso para el crecimiento de la infraestructura productiva y la protección del medio ambiente", el PRI le propone asegurar que los recursos obtenidos de la propuesta fiscal se destinen prioritariamente al financiamiento de carreteras, puertos, aeropuertos, escueles, hospitales y agua. Sigue
Pide PRI al... dos y última... agua Mantener al sector energético como estratégico, destinando más recursos para su modernización y desarrollo tecnológico, y reducir el costo de las tarifas eléctricas a fin de hacer más competitiva la planta productiva y beneficiar a las clases populares del país.

También se pide que el ejercicio del gasto público y la operación de las empresas del sector público observen parámetros definidos para la protección y restauración del medio ambiente, y avanzar en nuevos planteamientos financieros en los rubros de aguas residuales y residuos tóxicos.

En el tercero, llamado "Compromiso para el fortalecimiento del federalismo y la atención de regiones rezagadas", el PRI le sugiere implantar programas y fondos para promover el desarrollo, el mercado interno y el crecimiento económico regional.

Pide establecer un mecanismo compensatorio provisional verificable y evaluable para las entidades federativas menos favorecidas por las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, e incrementar los recursos para seguridad pública en los estados y otorgarles mayores facultades para su destino.

En el "Compromiso para el gasto eficiente, la transparencia y la rendición de cuentas", el partido tricolor le recomienda al presidente reducir el gasto administrativo al menos cinco por ciento anual en términos reales durante los próximos cinco años, y eficientar la recaudación uno por ciento del PIB en ese mismo lapso.

Entre otras definiciones que el PRI considera debe contener este cuarto "compromiso", está crear un mecanismo más claro para el proceso de reasignación de subejercicios presupuestales que rinda cuentas a los distintos beneficiarios sociales y productivos, así como al Congreso y a los otros dos órdenes de gobierno.