REFORMA ELECTORAL: Habrá que modificar la LIPPE
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Deberá incluirse prohibición de propaganda de servidores públicos en difusión de acciones
No obstante lo avanzada que está la Ley de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Coahuila (LIPPE) tendrá que reformarse para incluir la prohibición de la propaganda con imagen, voz y símbolos de los servidores públicos en la difusión de actividades.
Tras la aprobación en el Congreso de la Unión de una reforma constitucional, previa a una reforma electoral, se vislumbra que todo lo que se refiere a propaganda de los tres niveles de gobierno y organismos autónomos, en cualquiera de los medios de comunicación deberá ser institucional.
"La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social", señala el dictamen aprobado por los diputados y senadores sobre la reforma constitucional.
Agrega que en "en ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. No se considerará propaganda la información noticiosa no pagada".
En Coahuila la legislación electoral contempla un modo de control para la publicidad de partidos y candidatos durante campaña: sólo se puede contratar a través del Instituto Electoral.
Sin embargo la legislación federal cambiará y modificará la ley coahuilense: ni partidos ni particulares podrán contratar publicidad, y en el caso de radio y televisión, sólo utilizarán los tiempos oficiales.
La reforma constitucional incluyó más atribuciones para el IFE y lo faculta ahora para organizar elecciones locales a nivel de gobiernos estatales y municipios, pero sólo cuando las autoridades lo pidan y mediante un convenio, es decir, se salvaguarda la autonomía, pero se brinda la opción de contar con el IFE por derecho constitucional.