(Foto: Vanguardia-Archivo)
Víctor Hugo Michel / Milenio
Al concurso llegan como finalistas empresas ligadas a políticos de Nueva Alianza, con lazos con el gobierno de Hugo Chávez, compañías que jamás han expedido una credencial de alta seguridad y hasta firmas sancionadas por la Función Pública
Con dudas en torno a quiénes podrán tener acceso a la información de millones de mexicanos, el futuro del banco de datos más importante en la historia del país -y de la Cédula de Identidad Ciudadana- será definido hoy por la Secretaría de Gobernación.

Al concurso, vital para la seguridad nacional, llegan como finalistas empresas ligadas a políticos de Nueva Alianza, consorcios con lazos estrechos con el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, compañías que jamás han expedido una credencial de alta seguridad y hasta firmas sancionadas por la Secretaría de la Función Pública.

Soltic, Cosmocolor, Mainbit, Latin ID, Smartmatic e Image Technology son los aspirantes del proceso que concluye este lunes y a cuyo ganador la Secretaría de Gobernación otorgará un contrato multimillonario por varios años, estratégicamente uno de los más importantes del sexenio y que busca crear en México el primer documento de identidad "inalterable e infalsificable" para más de 106 millones de mexicanos.

La empresa ganadora, que será anunciada en el transcurso del día, tendrá como principal tarea integrar en los próximos meses la información biográfica y biométrica -20 huellas digitales, retinas, señas físicas-de millones de ciudadanos para después plasmarla en una credencial que deberá contar con al menos una veintena de medidas de seguridad y control para evitar su filtración a manos de terceros.

Sin embargo, una investigación de MILENIO en torno a los perfiles e historial de las empresas finalistas en la puja revela distintas sorpresas.

Y es que varias de las compañías involucradas no sólo cargan tras de sí un bagaje de problemas legales y técnicos con el gobierno federal, sino que no cuentan con experiencia alguna en la emisión de documentos de identidad de alta seguridad.

Algunas de las empresas en pugna sólo tienen antecedentes de haber participado en la venta de equipos de cómputo y toners, un mercado que en principio parece muy alejado de las necesidades de un documento de seguridad nacional, como la cédula de identidad.

Otras, en tanto, tienen nexos cercanos con gobiernos extranjeros -el venezolano-y no cuentan todavía con experiencia en México.

Errores pasados

Dos de las empresas en la carrera por hacerse del documento de identidad más importante del país -Mainbit e Image Technology- han sido investigadas y sancionadas por la Secretaría de la Función Pública por haber cometido irregularidades en dos proyectos públicos de altos vuelos en el sexenio pasado, Enciclomedia y el Seguro Popular.

En el caso de Mainbit, la Secretaría de Educación Pública le rescindió en 2007 un contrato para la adquisición de computadoras para escuelas ante la comisión de "serias irregularidades". La empresa violentó la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en la licitación 0001 1001-061/07.

En violación a su contrato, Mainbit entregó equipos deficientes en miles de aulas interactivas -pizarrones, computadoras y proyectores-, por lo que se le ordenó reponer 31 millones de pesos a las arcas nacionales.

Image Technology, en tanto, fue involucrada en una red de corrupción que escaló hasta la destitución e inhabilitación del titular del Seguro Popular, José Antonio Fernández Ortiz, debido a marcadas deficiencias en el proceso de credencialización de sus beneficiarios.

Por considerar que Image Technology entregó material deficiente y que la tarjeta electrónica que le fue encargada jamás funcionó, la Secretaría de la Función Pública canceló un contrato que la Secretaría de Salud había firmado con la empresa por un monto de 465 millones de pesos.

Con estos recursos se habría financiado, entre otras cosas, la expedición de 3.7 millones de credenciales para afiliados al Seguro Popular, además de la instalación de un sistema operativo que habría contenido los datos de los medicamentos empleados en cada región del país.

En sus indagatorias, la SFP determinó que las micas ofrecidas por Image Technology incumplieron con las especificaciones oficiales y estaban abiertas a filtraciones de seguridad. La cancelación del proyecto causó un perjuicio de 368 millones de pesos al patrimonio público.

En la competencia por la Cédula de Identidad Ciudadana también se encuentra la familia Kahwagi, dueña de la empresa Cosmocolor, actualmente encargada de la emisión de licencias de conducir en Sonora, Nuevo León y Puebla y a la que la Función Pública ligó en el fracaso del enrolamiento de identidades para la credencial del Seguro Popular.

Pese a haber ganado por tres años consecutivos la licitación para la creación del banco de datos de la credencial del Instituto Nacional para la Atención a Personas Mayores, Cosmocolor ha diferido inexplicablemente la expedición de la tarjeta, tasada en 23 millones de pesos.

Entre los socios mayoritarios de Cosmocolor se encuentra desde 2006 el actual presidente del Partido Nueva Alianza, Jorge Kahwagi Macari, según consta en un acta de reforma de la empresa del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal.

Fechada el 14 de noviembre de 2006, el acta da cuenta de que Kahwagi Macari -ajeno a la empresa durante buena parte de su existencia- es ya uno de los principales accionistas de Cosmocolor, fundada hace tres décadas por su padre, Jorge Kahwagi Gastine.

Experiencia limitada

Smartmatic, otra de las empresas que pugna por el contrato de seguridad nacional, es mejor conocida por ser la empresa favorita del chavismo en lo que a recolección de datos se refiere.

Actualmente es la principal abastecedora de material informático del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, al que ayudó en la organización de las elecciones presidenciales del 2006, en las que Hugo Chávez reconfirmó su mandato.

Más recientemente, Smartmatic participó en la recolección de datos en un referéndum constitucional llevado a cabo en Bolivia en enero pasado. Ha colaborado en procesos electorales en Filipinas, Estados Unidos y otros países latinoamericanos.

Por su parte, Latin ID ha tenido el control de las licencias de manejo del Distrito Federal por varios años, desde el inicio de la administración perredista de la Ciudad de México. Sin embargo, el documento a la fecha aun no es considerado confiable ni por instituciones públicas o bancarias, que no le aceptan como identificación.

Los registros del gobierno federal detallan que uno más de los finalistas, Soltic, nunca ha participado en licitaciones relacionadas con credenciales de alta seguridad y que jamás ha ganado un contrato superior a los 300 mil pesos.

De hecho, su experiencia en licitaciones del gobierno federal se limita a haber vendido toners a la Comisión Nacional de Salvaguardas Nucleares y de haber equipado con 10 computadoras a la Secretaría de la Reforma Agraria.