De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, en Coahuila ocho menores de edad han solicitado la interrupción de un embarazo tras denunciar que éste fue producto de una violación.

La cifra podría considerarse “pequeña”, pero como se ha dicho en múltiples ocasiones, en materia de delitos sexuales un sólo caso es demasiado y tal afirmación aplica de manera particular cuando hablamos de ataques perpetrados en contra de menores de edad.

No faltará quien diga que ocho niñas constituyen un porcentaje muy pequeño del total de mujeres que habitan nuestra entidad, incluso si sólo se considera el universo de quienes no han alcanzado la mayoría de edad. Y en términos estrictamente aritméticos tendrá razón quien así piense.

Pero en estos casos las valoraciones cualitativas son absolutamente irrelevantes y lo que cuenta es el impacto que en la vida de cada una de las menores atacadas tiene el episodio de violencia al que fueron sometidas contra su voluntad.

Por ello mismo, no basta que la existencia de una norma les permita, si así lo desean, poner fin a un embarazo que es producto de un ataque contra su intimidad e integridad personales. Adicionalmente es preciso que sus casos sean objeto de impartición de justicia.

Aquí es necesario puntualizar que la violación es un delito y, aún cuando la norma que se aplica en estos casos esté orientada de manera fundamental a proteger la integridad de la menor, el Estado no puede obviar sus responsabilidades en términos de las garantías de integridad y protección que debe a sus ciudadanos, especialmente a los menores de edad.

Por ello es necesario que, además de ofrecer la posibilidad de poner fin a un embarazo no deseado, se inicien de oficio las investigaciones pertinentes para perseguir y castigar al perpetrador del acto e imponerle la sanción que la ley establece para tal delito.

Obviar esta parte implica, en última instancia, “premiar” a un delincuente permitiéndole instalarse en la isla de la impunidad, lo cual puede, en el peor de los casos, convertirse en un aliciente para que dicho individuos reincida en esta conducta.

Por otro lado, es necesario que la atención a los casos de interrupción de los embarazos producto de una violación sea de carácter integral, es decir, que la víctima reciba apoyo psicológico para superar el trauma que implicó el haber sido víctima de un delito.

Porque el simplemente ofrecer la posibilidad de que un embarazo producto de un delito pueda ser interrumpido no constituye una solución al fenómeno de la violencia contra las mujeres y menos si se trata de menores de edad.

La solución de fondo no es que exista la posibilidad de que, en caso de ser violada y quedar embarazada, las víctimas puedan poner fin a la gestación, sino que ninguna mujer atraviese por dicha situación. Garantizar esto es parte de las responsabilidades públicas.