Pocas veces la idea de la división de poderes puede ser analizada en términos prácticos, a partir de un caso concreto, y de esta forma valorarla como núcleo del arreglo democrático. Ayer se registró una de esas ocasiones en nuestro País, al darse a conocer el “memorándum” mediante el cual el Presidente de la República intentaría “modificar de facto” la Constitución.

Como se ha informado con oportunidad, una de las promesas de campaña que el Presidente no ha logrado concretar es la de “revertir” la reforma educativa impulsada durante la administración de Enrique Peña Nieto. La razón fundamental es que tal reversión exige reformar la Constitución.

Adicionalmente, como se sabe, uno de los sectores que acompañó a López Obrador como candidato, pero que se ha apartado de sus políticas como Presidente, es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), organización que asumió una posición beligerante, en grado extremo, en relación con la propuesta de reformas que el titular del Ejecutivo envió al Congreso.

La beligerancia de la CNTE, sumada al hecho de que el partido del Presidente no cuenta con mayoría calificada en la Cámara de Senadores, ha retardado la concreción de la contra-reforma constitucional en materia de educación.

Tal hecho, según parece, provocó que el primer mandatario decidiera “tomar un atajo” en el proceso de cumplir su promesa de campaña enviando un “memorándum” a los titulares de las secretarías de Educación Pública, Hacienda y Gobernación, ordenándoles instrumentar medidas como si la reforma educativa del sexenio pasado ya hubiera sido derogada.

En términos estrictos, lo que el Presidente les ha ordenado a sus subalternos es ignorar el texto de la Constitución, así como de las varias leyes que, basadas en la Carta Magna, fueron elaboradas a partir de la aprobación de la reforma educativa del sexenio anterior.

Tal hecho ha provocado un alud de reacciones criticando la decisión presidencial y planteando que estaríamos ante el intento del Poder Ejecutivo de asumir las funciones del Legislativo, es decir, que estaríamos ante un atentado a la división de poderes.

Sin duda el Presidente saldrá al paso de tales afirmaciones en su conferencia de prensa de hoy, y dirá que está utilizando el “margen de maniobra” que le otorga la propia Constitución para implementar medidas, de carácter estrictamente ejecutivo, en tanto concluye la discusión de la iniciativa que envió al Congreso, lo cual no atenta contra la división de poderes.

La discusión, desde luego, no quedará zanjada con la explicación de López Obrador y seguirá el resto del periodo vacacional de Semana Santa, sobre todo porque diversos legisladores han advertido que recurrirán al Poder Judicial para frenar las intenciones del Presidente.

Más allá de la discusión técnica, el episodio nos convoca a realizar un análisis serio del significado real de la división de poderes y a fijar una posición clara, respecto de dónde se encuentran los límites, así como a identificar los instrumentos para resguardarlos, de forma tal que ninguno de los poderes intente siquiera trasponerlos.