ASE explicará a detalle retraso en denuncia de ‘Ficreazo’
Auditoría atiende petición del ICAI, para aclarar una petición ciudadana de información
La Auditoría Superior del Estado volverá a emitir una nueva respuesta, ahora fundada y motivada, sobre por qué denunció los hechos del “Ficreazo” del Poder Judicial de Coahuila, tres años después de haber conocido los hechos, esto al resolverse una controversia en el Tribunal Constitucional Local, sobre si el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI) tenía o no atribuciones para ordenarle a la ASEC una nueva respuesta.
Un ciudadano, bajo el seudónimo de “Pejejito” preguntó a la ASEC por qué denunció tres años después los hechos del Ficreazo en Poder Judicial; la respuesta no satisfizo al solicitante e interpuso un recurso ante el ICAI, quien ordenó una nueva respuesta fundada y motivada, pero la ASEC llevó al Tribunal Constitucional el tema para saber si el ICAI tenía o no atribuciones para emitir la solicitud.
“La Auditoría Superior del Estado comparte positivamente el contenido de la resolución emitida por el Tribunal Constitucional de Coahuila, porque está resolviendo una duda razonable que nosotros planteamos sobre la legalidad o constitucionalidad del proceso de acceso a la información”, dijo el Auditor.
Armando Plata explicó ayer que se sienta un precedente para tener la máxima publicidad de la información.
En la resolución, dijo Plata, hay dos aspectos fundamentales, uno que se declara infundada la controversia constitucional iniciada por la ASEC, pero también se destaca que se declara procedente acudir a este tribunal para cuestionar la validez de las resoluciones emitidas por el ICAI.
RESOLUCIÓN SE ACATARÁ, PERO HASTA QUE LLEGUE
Sobre si dará una nueva respuesta, Armando Plata, explicó que acatarán la resolución una vez que siga los pasos conducentes, porque aún no les llega la notificación vía el ICAI.
Una vez que esto suceda se dará una nueva respuesta al ciudadano que generó la solicitud de información, pero adelantó que en realidad no hay irregularidad porque la denuncia, no obstante a realizarse tres años posteriores a conocerse los primeros indicios de la mala inversión del Poder Judicial en el Ficrea, se hizo dentro del tiempo y en forma, para evitar la prescripción del delito.
