‘Caso Allende’, ¿cuáles son las respuestas deseables?

Los esfuerzos deben concentrarse, en primer lugar, en conocer la verdad de lo ocurrido, pues sólo de esta forma es posible ofrecer a los familiares de las víctimas la posibilidad de cerrar sus procesos individuales de incertidumbre y zozobra

El delegado del Gobierno de la República en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, se pronunció en torno a la denominada “masacre de Allende” y señaló que las investigaciones deben dirigirse hacia los más altos funcionarios de la administración estatal de Coahuila en la época en la cual se registraron los hechos.

“La investigación debe de virar hacia los más altos niveles de poder que permitieron eso. Es muy fácil agarrar a un policía, pero ¿quiénes estaban arriba? Al alcalde le abrieron una investigación, pues ese alcalde terminó siendo un chivo expiatorio. ¿Dónde están los encargados directos de los penales?: el Procurador, el secretario de Gobierno, que tenía bajo su función los penales… ¿Dónde está el gobernador a quien se dice le enteraron de las matanzas y no hizo nada?“, cuestionó el funcionario.

Sin duda se trata de preguntas pertinentes en el contexto general del caso y, sobre todo, cuando el episodio es visto en retrospectiva a través de una lente compuesta mayormente de criterios políticos.

Pero, sin dejar de lado la necesidad de cuestionar la responsabilidad de quienes tuvieron en su momento las más altas responsabilidades estatales –y también quienes las tuvieron a nivel federal– la asignación de responsabilidades no es necesariamente la prioridad número uno.

La experiencia internacional, así como la ruta seguida a nivel nacional en relación con los casos de víctimas de desaparición, indican que los esfuerzos deben concentrarse, en primer lugar, en conocer la verdad de lo ocurrido, pues sólo de esta forma es posible ofrecer a los familiares de las víctimas –quienes son víctimas también– la posibilidad de cerrar sus procesos individuales de incertidumbre y zozobra. 

Como consecuencia natural de conocer la verdad es posible hacer justicia, es decir, aplicar los procedimientos legales correspondientes en contra de quien sea posible para castigar las conductas vinculadas a los hechos.

Pero si las energías se concentran en la persecución de individuos concretos, 
como si de una consigna se tratara, se corre el riesgo de no lograr ni la verdad ni la justicia.

El caso de la matanza de Tlatelolco, ocurrida hace ya medio siglo, es un buen ejemplo para dimensionar: durante el sexenio de Vicente Fox se integró una “comisión de la verdad” para esclarecer los hechos. La influencia de los “´líderes históricos” del movimiento estudiantil forzó la búsqueda de un proceso penal por genocidio en contra del expresidente Luis Echeverría. El resultado fue el incremento de la frustración colectiva.

La “masacre de Allende” constituye un doloroso episodio en la historia reciente del País. Establecer la verdad de lo ocurrido debe ser nuestra prioridad número uno y de ello depende, sobre todo, la posibilidad de hacer justicia.

En este sentido, poco ayudan posicionamientos como el de Reyes Flores, cuya agenda pareciera estar marcada más por sus intereses políticos personales que por el interés genuino de apoyar la lucha de los familiares de desaparecidos que llevan años enfrentando la indolencia del aparato estatal.