Una de las heridas más dolorosas que el cuerpo social de Coahuila sigue teniendo abierta es la relativa a lo ocurrido en el municipio de Allende en marzo de 2011, cuando un número indeterminado de personas habrían sido ejecutadas en un presunto operativo de “ajuste de cuentas” realizado por integrantes de la delincuencia organizada.
 
La palabra clave en la expresión anterior es “indeterminado”. Porque, aun cuando han transcurrido casi ocho años desde los funestos hechos, seguimos sin saber el número exacto de víctimas y, en consecuencia, tampoco sabemos quiénes son.
 
Parecería imposible que, luego de tanto tiempo y de haberse empeñado reiteradamente la palabra de las autoridades estatales, siga desconociéndose si la cifra de víctimas es de 27, como lo afirmó de manera oficial la administración de Rubén Moreira, o es de 300 –y más– como señalan diversas investigaciones periodísticas, a partir de las denuncias de activistas.
 
Como se ha dicho en ocasiones anteriores, ante hechos como estos lo más importante –en primera instancia– es conocer la verdad, pues sólo a partir de ésta es posible proceder al diseño e implementación de soluciones que restauren el tejido social.
 
Por ello es necesario insistir en la necesidad de conocer los hechos de forma puntual y, en este sentido, las autoridades tienen la obligación primaria de acopiar y sistematizar los datos a partir de fuentes fidedignas para presentarlos posteriormente de manera oficial.
 
Ayer, durante la comparecencia ante el Congreso del Estado del secretario de Gobierno de Coahuila, José María Fraustro Siller, con motivo de la glosa del Primer Informe de Gobierno del titular del Ejecutivo, el tema de la masacre de Allende fue, una vez más, motivo de discusión.
 
El dato que salta a la vista, de manera inmediata, es el relativo al número de víctimas que la actual administración estatal reconoce en este episodio: 70, de acuerdo con la más reciente actualización.
 
El problema es que, durante su intervención, el responsable de la política interior del estado señaló la posibilidad de “que estas cifras no coincidan con la Fiscalía General del Estado porque ellos tienen otras fuentes de información, pero esas son las que tenemos actualmente nosotros registradas”.
 
¿Cómo puede ser que dos dependencias de la misma administración manejen cifras dispares respecto de un asunto de la gravedad que implica la masacre registrada en el municipio de Allende? ¿Cómo se justifica que existan, eventualmente, dos registros diferenciados?
 
Más allá de esta acotación realizada por el secretario Fraustro, está el hecho de que la cifra de 70 víctimas es diferente a la reportada por la anterior administración estatal; es diferente a la documentada por el investigador Sergio Aguayo y es diferente a la señalada en reportes periodísticos.
 
No puede haber justicia, reparación y paz si antes no hay verdad. Lo ocurrido en Allende nos lastima a todos, pero lastima en particular a quienes constituyen el conjunto de víctimas directas que a nadie pareciera importarle identificar con precisión.