La ineficacia endémica de nuestro sector público pero, sobre todo, la corrupción por la cual se encuentra gravemente afectado, ha ido construyendo a lo largo de los últimos lustros una idea cuya aceptación, pese a ser muy amplia, es acaso mal –o, al menos, insuficientemente– comprendida: la solución al problema es “ciudadanizar” al gobierno.

A partir de esta idea se han venido creando instituciones públicas, es decir, instituciones gubernamentales, cuya característica fundamental –y su ventaja, se entiende–, al menos en el diseño legal, es su carácter “ciudadano”.

La organización de los procesos electorales, la garantía de acceso a la información pública, la evaluación de los programas y la política de desarrollo social y, más recientemente, el combate a la corrupción, son algunos de los aspectos relevantes de la agenda pública en los cuales se ha optado por la fórmula de la “ciudadanización”.

La idea, digámoslo pronto, es absolutamente correcta. Si algo le hace falta al ejercicio del poder público –aunque también al privado– es justamente centrarse en lo ciudadano, es decir, en la esencia de las primeras 32 palabras, del tercer párrafo del artículo primero de nuestra 
Constitución:

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.

Asumir este mandato constitucional constituye, necesariamente, un giro de 180 grados en la posición desde la cual se ejerce la autoridad, pues implica entender tal responsabilidad a partir de los derechos de los ciudadanos y no de los intereses personales, de grupo o de partido.

En otras palabras, asumir este mandato constitucional implica transformar la cultura de lo público, implica “reeducar” –y reeducarnos– en el ejercicio de las responsabilidades gubernamentales a fin de entender el poder, no como un privilegio, sino como un compromiso con la ciudadanía de la cual todos formamos parte.

Lejos de esta posibilidad, la idea de “ciudadanizar” el poder público ha dado lugar a la institucionalización de una suerte de perversa taxonomía de los individuos, según la cual la sociedad se divide, al menos, en dos grupos: el de “los ciudadanos” y el de los “no ciudadanos”… o algo así.

El primer grupo, el de “los ciudadanos”, estaría integrado por personas cuya principal característica es una especie de asepsia con relación a los “gérmenes gubernamentales”: nunca han militado en un partido político, no han ocupado puestos públicos, no tienen familiares en el gobierno y, de preferencia, forman parte de una organización de la sociedad civil.

Un detalle relevante: si alguien debe el “pecado” de haber sido funcionario público, candidato o militante partidista, tal hecho se perdona apenas se ingresa a una organización civil y se adopta el credo de “los ciudadanos”.

Por exclusión, quienes han pasado por la nómina pública, se han atrevido a la militancia partidista, cuentan en sus familias con algún funcionario gubernamental, o no han lavado sus pecados en las aguas bautismales de una organización de la sociedad civil, son “no ciudadanos”.

No importa si entre los primeros prima la ignorancia, el prejuicio como instrumento para juzgar la realidad, el sectarismo como bandera, la ausencia de los mínimos rasgos democráticos, o si sus manifestaciones y conductas son claramente discriminatorios y atentatorios de los derechos civiles. “Los ciudadanos” constituyen el bando de “los buenos”.

Tampoco importa si entre los segundos es posible distinguir trayectorias encomiables signadas por el profesionalismo, el comportamiento ético y la consecución de metas favorables al interés colectivo: los “no ciudadanos”, sin excepción, constituyen el bando de “los malos”.

Desde esta visión maniquea –y distorsionada– de “lo ciudadano”, uno y otro conjunto son absolutamente homogéneos, sin posibilidad para los matices. Los unos, “los buenos”, tiene por ende siempre la razón; los otros, “los malos”, están perpetuamente equivocados y no sólo eso: son 
perversos.

Más allá del equívoco de carácter conceptual, esta visión dificulta y, en no pocas ocasiones, hace imposible el diálogo. Y eso, en forma ulterior, convierte en quimera la posibilidad, necesaria, imperiosamente necesaria, de ciudadanizar lo público.

ARISTAS

Hace un par de semanas concluyó el proceso para designar a una nueva integrante del Consejo de Participación Ciudadana, del Sistema Anticorrupción del Estado. Tengo el privilegio de formar parte de la Comisión responsable de seleccionar a quienes integran dicho Consejo.
Personalmente me siento muy satisfecho de la forma en la cual se desarrollaron las distintas etapas del mismo y de los avances registrados en comparación con el del año pasado. Pese a ello, la visión maniquea sobre “lo ciudadano” ha impedido valorarlo con objetividad. No queda sino perseverar.


¡Feliz fin de semana!

@sibaja3
carredondo@vanguardia.com.mx