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¡No nos callarán!

Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, anuncia nuevas investigaciones sobre las atrocidades cometidas por los Zetas en 2011, en Allende, Piedras Negras y otros municipios de Coahuila. 

En 2016, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y El Colegio de México firmaron un convenio, para que el Seminario sobre Violencia y Paz que coordino, investigara la masacre de Allende. El entonces gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, gestionó la entrega de los expedientes judiciales sobre la matanza de Allende y un año después, los relacionados con el control Zeta de la cárcel de Piedras Negras. Su sucesor, Miguel Ángel Riquelme, nos ha ido entregando paulatinamente materiales sobre la batalla entre los Zetas y el Cartel de Sinaloa por La Laguna. Llevamos revisadas 5 mil 171 fojas útiles, más una gran cantidad de información de otro tipo. 

Durante los últimos cuatro años me he sumergido, con la razón y el corazón, en la historia de la violencia y la resistencia social. Sintetizo lo plasmado en tres textos (dos de ellos, con Jacobo Dayán como coautor).

En el 2004 llegaron los Zetas y, para el 2007, ya controlaban totalmente la región de Allende y Piedras Negras; vivían tranquilos en Saltillo y le disputaban La Laguna a los sinaloenses. En el 2011 unas 300 personas fueron ejecutadas o desaparecidas en Allende, Piedras Negras y otros municipios (el número exacto se desconoce). Ese mismo año hubo un viraje en la estrategia federal y llegó Rubén Moreira a la gubernatura: los Zetas fueron descabezados y fragmentados. ¿Qué falta por conocer? 

Ya hemos explicado la lógica del terror Zeta y la admirable resistencia ciudadana; los colectivos de víctimas necesitan saber el número preciso, la identidad y el destino de los miles de desaparecidos. La secretaria y su equipo tienen, en los perpetradores, una veta inexplorada. En un legajo judicial, un fiscal coahuilense enseña al sicario encarcelado fotografías de desaparecidos. El prisionero los identifica y ofrece información a cambio de “algún tipo de beneficio en su sentencia”. No hubo negociación, porque faltan parámetros para intercambiar beneficios por colaboración.

Pudimos reconstruir los métodos de infiltración y apoderamiento de las instituciones gubernamentales de bajo nivel (las policías municipales); nos topamos con expedientes judiciales frenados ante los altos funcionarios. Gobernación puede desnudar la red de protección gubernamental y empresarial a los Zetas. Podríamos saber de una buena vez si Humberto Moreira (gobernador de diciembre 2005 a enero 2011), Jorge Torres López (interino de enero a diciembre de 2011), altos funcionarios de Coahuila y secretarios de estado de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, fueron cómplices de los Zetas o no.

Sobre la detención de Moreira en España, en 2016, falta entender la operación lanzada por la embajada y el gobierno peñanietista para lograr su liberación. Al parecer, cuentan con gruesos expedientes sobre su encarcelamiento. De las cárceles estadounidenses podrían traerse los testimonios de un buen número de exfuncionarios coahuilenses y mandos Zeta. Entre ellos, el exgobernador Jorge Torres, acusado de lavado de dinero y de complicidad con el narco. 

Falta establecerse la responsabilidad de la DEA y la Policía Federal en la matanza de Allende y otros municipios. Un jefe de la DEA comunicó a un funcionario de la Unidad de Investigaciones Sensibles de la Policía Federal sobre un informante en el círculo cercano a los Z-40 y Z-42. El mando federal informó rápidamente a los jefes Zetas, que se vengaron ordenando la ejecución de familiares, amigos, empleados y conocidos de los traidores. 

Coahuila ha logrado reducir los homicidios y las desapariciones. Gobernación puede consolidar esos avances estableciendo la verdad y, presentando ante los jueces, a los cómplices de los Zetas en México, España y Estados Unidos. ¿Intentarán desmontar la red de complicidades? Los académicos y periodistas ya cumplimos. Llegamos hasta donde nos dejaron. Ahora le toca a la 4T demostrar que son diferentes.  

P. D. Esta columna ofrece una hipótesis sobre la razón del acoso judicial en mi contra, desencadenado por Humberto Moreira y sus aliados en el poder judicial capitalino. 

@sergioaguayo
Colaboró: Zyanya Valeria Hernández Almaguer
Sergio Aguayo
Crónicas de la transición