Coahuila: la trama del dinero ‘perdido’

La verdad legal respecto del manejo de las finanzas de Coahuila, durante el sexenio de Humberto Moreira Valdés -una verdad construida a base de procesos judiciales en el vecino estado de Texas- comienza a consolidarse. Una primera sentencia en este sentido ha sido dictada en la persona del empresario Rolando González Treviño a quien esta semana se le ha condenado.

La sentencia, como hemos documentado en las páginas de VANGUARDIA, deriva del reconocimiento de culpabilidad que el propio empresario coahuilense realizó frente a un juez del vecino país, con el propósito de evitar un proceso judicial que le habría conducido a un castigo más grave que los cinco años de libertad caucional que le han sido impuestos.

Con la imposición de esta sentencia, y siempre que González Treviño no la impugne, quedaría demostrado legalmente que durante la administración del también expresidente nacional del PRI -quien recientemente fue arrestado en España, acusado de lavado de dinero y otros delitos-, se llevaron a cabo actos de robo a las arcas de nuestra entidad.

Más allá de la polémica que pueda alimentarse en torno al caso (el propio Humberto Moreira ha dicho que la confesión de Rolando González constituye el “acto desesperado” de un reo que estaría dispuesto a cualquier cosa), los hechos que constan en el expediente judicial texano son incontrovertibles.

Y tales hechos apuntan en una sola dirección: el dinero incautado a Rolando González, a Javier Villarreal y a Jorge Torres López provino de las arcas estatales y es, en consecuencia, dinero de los coahuilenses que alguien debería encargarse de rescatar.

Independientemente de los elementos con los cuales se hubiera construido el caso, lo que los fiscales estadounidenses han probado es que el dinero fue robado del tesoro público de nuestra entidad y ese sólo hecho basta para que las autoridades locales acudan a reclamar los recursos.

Resulta obligado preguntarle a Ismael Ramos Flores, secretario de Finanzas, y a Homero Ramos Gloria, procurador General de Justicia de la entidad, si planean hacer algo para recuperar un dinero que, al margen de lo que aquí se diga o haga, del otro lado de la frontera se ha probado que fue sustraído ilegalmente de las cuentas estatales.

El único impedimento que puede existir para ello se disipará en unas horas, cuando la sentencia impuesta a Rolando González Treviño cause ejecutoria, cosa que bien puede presumirse ocurrirá, pues si él decidió declararse culpable a fin de obtener un acuerdo con el fiscal del caso, es de suponerse que ahora no apelará la sentencia.

Pero aún cuando es necesario esperar a que tal cosa ocurra, los funcionarios estatales de Coahuila bien puede señalar desde ahora si tienen intención o no de recuperar el dinero que nos fue robado.