Como nación unida, libre y soberana, México ha tomado decisiones esenciales para su vida colectiva: eligió a la democracia como su régimen político y optó por la seguridad, la justicia y la legalidad como sus formas válidas de convivencia. 

Para dar contenido a esos postulados, el Constituyente Permanente estableció que los partidos y candidatos políticos deben contar –de modo equitativo– con los elementos necesarios para el despliegue de sus actividades de interés público. 

Esos fondos, no sólo deseables sino indispensables, quedaron sujetos a dos reglas: los recursos públicos deben prevalecer sobre los de origen privado; y, debe fiscalizarse la fuente, uso y destino de todo tipo de financiamiento. 

Lamentablemente, el crimen organizado representa para nuestra democracia una gran amenaza: en primer término, pretende impedir, burlar y sustituir las elecciones libres; y, en segundo lugar, quiere intimidar, corromper y manipular a los funcionarios públicos. 

Para su supervivencia, busca ensanchar sus redes de infiltración de modo permanente, justamente para asegurarse impunidad y para que las autoridades públicas realicen actuaciones que favorezcan a sus intereses. 
En el proceso electoral, el crimen organizado también irrumpe de forma negativa al aportar recursos ilícitos, lo que provoca que no tenga lugar la competencia equitativa entre los contendientes a los diversos cargos, con lo que impide que ganen las personas honorables.

Debido a los recientes golpes a su estructura operativa por parte de nuestras fuerzas de seguridad, la realidad es que el crimen organizado persistirá en su afán de colocar y manipular a funcionarios y servidores públicos legislativos, ejecutivos y judiciales, de los distintos órdenes de gobierno. 

Eso no lo debemos permitir. Debemos actuar y dotar a las autoridades a cargo de la procuración e impartición de la justicia, con todas las herramientas necesarias para que extirpen de forma definitiva al crimen organizado. 
En particular, debemos evitar que los políticos prometan o dispensen favores a cambio de dinero ilícito; que esa financiación distorsione la competencia electoral; y, que la criminalidad disuada y manipule a potenciales contendientes. 

En el marco de la ley, el Instituto Nacional Electoral debe continuar perfeccionando su importante labor de auditar y fiscalizar las actividades económicas de partidos y candidatos, en especial las que versan sobre la procedencia de sus recursos financieros. 

Dicha fiscalización debe ser capaz de identificar la penetración del dinero de extracción ilícita, que proviene de las complejas actividades que ya forman parte de amplias redes de la delincuencia organizada trasnacional. 

El Sistema Nacional Anticorrupción, junto con las nuevas leyes en materia de transparencia, también debe contribuir para que la licitación, adjudicación y contratación pública se realice de cara a la sociedad civil y se evite el cohecho.

En el orden legislativo, de igual manera podría recomendarse que, además de los tipos genéricos, se tipifiquen como actividades ilícitas del crimen organizado todas aquellas que tengan por objetivo irrumpir y distorsionar los procesos electorales. 

En casos severos, que usualmente tienen lugar en el ámbito municipal, México podría realizar “maxiprocesos”, precisamente para llegar a todos los niveles de infiltración, comenzando desde cargos de carácter representativo. 

Al implicar un silencioso pacto político y judicial de impunidad y de complicidad, si México no combate a la delincuencia organizada que afecta a su democracia política, la lucha frontal que se ha emprendido en su contra será a la postre un rotundo fracaso. 

No existe otro camino: el gobierno y la sociedad deben trabajar de forma conjunta para combatir a la corrupción, regular el conflicto de intereses y evitar que el crimen organizado avasalle nuestra democracia sustantiva para manipular o reemplazar a la verdadera política. 

El crimen no debe burlar a la nación para impedirle que ésta elija a sus legítimos representantes, los que únicamente deben actuar para su beneficio. 

Si lo hace, la delincuencia organizada no sólo se convertirá en una fuerza paralela al Estado, sino –en todo caso– en una que actuará desde sus entrañas.