Nadie puede estar a favor de que se incremente el peaje en las rutas de cuota del país. Eso es un hecho y debe decirse con todas sus letras. Y justamente porque lo anterior es cierto, cualquier iniciativa tendiente a procurar la reversión de los aumentos concita el apoyo de los usuarios.

Pero una cosa es estar en contra de pagar más por el uso de una carretera y otra muy distinta que la molestia colectiva pretenda ser convertida en instrumento para obtener ganancias electorales.

El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo al punto de acuerdo aprobado ayer en el Congreso de Coahuila y que tiene como propósito impulsar la creación de “un frente común” entre los representantes populares de Coahuila y Nuevo León para intentar revertir el más reciente incremento al peaje de la autopista Saltillo-Monterrey.

“Pretendemos unir fuerzas para plantear soluciones prácticas y efectivas, para la revocación de la autorización de los incrementos por parte de la SCT, ya que esta autoridad tiene la facultad de poder llevar a cabo ajustes en el esquema tarifario”, dijo ayer en tribuna la diputada Azucena Ramos al exponer la propuesta que obtuvo unánime respaldo de los integrantes de la Legislatura local.

Como se recordará, el pasado 15 de enero nos desayunamos con una nueva tarifa en la referida autopista y lo primero que todo mundo advirtió fue que se trataba de un incremento desproporcionado que no se correspondía con el índice inflacionario de 2019.

Pero como lo ha publicado VANGUARDIA, el aumento en la tarifa no obedece a un criterio inflacionario, sino a uno de carácter bursátil relacionado con la “protección” del instrumento con el cual se ha financiado el proyecto, estrategia que cuenta con la autorización del Gobierno de la República.

Es cierto que, en última instancia, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes autoriza los criterios y la fórmula con los cuales se determinan las tarifas de la autopista, pero eso no implica que baste con presionar a la SCT para que ésta de “marcha atrás” en la decisión.

Una vez más habrá que dejar claro que no se trata de respaldar la decisión o de llamar a la resignación, sino de ser realistas y analizar con objetividad la posibilidad de que las gestiones de nuestros legisladores -por muy bienintencionadas que sean- tengan éxito.

Conviene en este sentido preguntarse, en todo caso, ¿por qué nuestros representantes populares habrían de manifestarse tan preocupados en defender los intereses ciudadanos, frente al incremento en la cuota de la autopista, incluso si supieran que tienen pocas probabilidades de éxito?

Una respuesta que se antoja plausible es que, al menos en Coahuila, estamos al inicio de un proceso electoral y que, en el camino a las urnas, cualquier oportunidad es buena para “hacer puntos” frente a los electores y, en última instancia, conquistar su voto.