En fecha próxima, el Congreso Local nombrará al próximo titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Coahuila (CEDHC). Siete son los contendientes: Jessica Esquivel, Hugo Morales, Gabriela Noguez, Juana Isabel Peña, David Omar Sifuentes, Miguel Ángel Hernández y Erasmo Ramos.

¿Por qué es tan relevante este nombramiento en la coyuntura actual? El próximo titular habría de entender la crisis de derechos humanos que experimenta el país; agudizada por el divorcio entre el Ejecutivo y una política de Estado pertinente a la gravedad del caso.

El pasado 2 de junio, AMLO “rechazó acudir a la presentación del informe de labores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por primera vez en 29 años”.

Desencantado, su titular, Luis Raúl González, alcanzó a acotar: “ojalá que el respeto a la dignidad humana efectivamente encuentre un espacio y lugar dentro de políticas y programas de gobierno”. Ojalá, porque el cuerpo de México está atravesado por cicatrices sangrantes casi purulentas, sin cerrar: 40 mil 180 desaparecidos. 325 mil personas desplazadas por la violencia. Primer lugar en feminicidios en relación a 24 naciones. 149 periodistas asesinados desde 2000. De 2008 a la fecha, 127 medioambientalistas fueron asesinados: 83 eran indígenas defensores del agua y de la tierra de sus pueblos originarios. 

A contracorriente, Coahuila emerge como un referente nacional y latinoamericano en la defensa y preservación irrestricta de los Derechos Humanos. Razón por la cual, el próximo presidente de la CEDHC, habría de sumarse de manera decidida e institucional a tal esfuerzo. El cual, posee una característica distintiva: es una política de Estado impulsada por el gobernador Miguel Riquelme.

Seis son sus vertientes de incidencia como política pública: género, familiares de desaparecidos, migrantes, refugiados, periodistas y defensores de derechos humanos. 

El lunes próximo analizaré los perfiles de los aspirantes a la CEDHC y su potencial para asumir este doble reto de manera exitosa.

@canekvin