Las finanzas, en general, y las finanzas públicas, en particular, son una disciplina compleja cuyas reglas y precedentes deben conocerse a profundidad antes de tomar decisiones. E incluso con amplios conocimientos y larga experiencia, las estrategias que se adopten deben ser prudentes, pues un problema mal diagnosticado puede conducirnos a resultados indeseables.

Los mexicanos tenemos amplia experiencia en la implementación de estrategias fallidas que, al menos en teoría, tenían la intención de catapultar la economía pero terminaron hundiéndola y convirtiendo en humo los sueños y planes de millones de familias.

Durante las últimas dos décadas, sin embargo, aún cuando las decisiones de política económica, adoptadas por las autoridades hacendarias y del Banco de México, no han ofrecido resultados espectaculares, al menos no han derivado en crisis de fin-inicio de sexenio como ocurrió en forma recurrente hasta 1994, cuando sobrevino el denominado “error de diciembre”.

No existe, también es necesario decirlo, una “fórmula mágica” que alguien conozca de antemano para convertir a la economía en una locomotora incontenible, por ello es que toda decisión que se adopte implica la asunción de un cierto riesgo.

Pero, en la medida en que tales riesgos sean calculados y existan planes de contingencia para reaccionar de prisa y de manera eficaz ante resultados indeseables, los gobiernos tendrán siempre un margen de maniobra en el cual podrán moverse y “experimentar” con sus propuestas.

El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo a las opiniones más o menos encontradas que despierta la propuesta del próximo Gobierno de la República de reducir la tasa del IVA en la región fronteriza del País, a fin de igualarla con la que tienen nuestros vecinos del norte.

¿Es una buena propuesta? ¿Traería beneficios importantes para la economía de la región, incluido Coahuila? ¿Es un “arma de dos filos” cuya implementación puede salir muy mal?

Incluso los expertos economistas no podrían ofrecer una respuesta capaz de garantizar que ocurriría una cosa o la otra. Si tal posibilidad existiera, entonces las crisis económicas serían erradicadas del planeta y todos los pueblos del mundo serían ricos.

Por ello justamente, no hay que celebrar de forma acrítica la medida, pero tampoco hay que condenarla o demandar que no se implemente. Lo que sí podemos hacer es recomendar que la medida se adopte con la mayor prudencia y que se acompañe de planes de contingencia para evitar que, eventualmente, se convierta en un boquete insuperable para las finanzas públicas.

El futuro gobierno tiene, sin duda, derecho a implementar aquellas medidas que considera pueden mejorar los resultados actuales. Pero debe también hacerlo con una dosis suficiente de humildad para rectificar en caso de que la estrategia no funcione.

Todos deseamos, sin duda, que la receta económica de la nueva administración se exitosa, pues en esa medida nos irá bien a todos. Pero también es necesario ser conscientes de que no es un asunto sólo de voluntad y buenos deseos.