Conclusiones de la Asamblea General de la SIP

La 72ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que reunió en esta ciudad a más de 450 directores de medios y periodistas, finalizó hoy tras cinco días de sesiones variadas entre las que se discutió el comportamiento de la libertad de prensa en el hemisferio occidental. Estas son las CONCLUSIONES:

Doce periodistas asesinados desde abril de este año, junto a muchos otros que han sido víctimas de hostigamiento, de agresiones físicas y de amenazas de muerte, dan cuenta del peligro que significa hoy el ejercicio del periodismo en nuestro hemisferio. Se siguen acumulando asesinatos sin que sus autores hayan respondido ante la justicia, lo que implica que existe un alto número de casos que han ido quedando en absoluta impunidad. De este modo, queda claro que existe escasa protección y una nula respuesta de parte del Estado ante estas situaciones extremas. Sólo en México se han producido siete de estos crímenes en este período y ya hay 118 asesinatos y 20 periodistas desaparecidos en ese país desde el año 2000. En Colombia, se han superado en ese lapso los 100 asesinatos sin resolver y en Brasil, las cifras no son muy diferentes.

Estos casos representan la punta del iceberg respecto de la libertad de expresión, puesto que se llega a matar a un periodista después de amenazarlo, hostigarlo y agredirlo. Las amenazas intimidatorias a los periodistas y a los editores de periódicos se producen en Bolivia, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Panamá y Venezuela. Los amedrentamientos provienen de los narcotraficantes, de las bandas criminales, pero también de autoridades locales, nacionales y militares. Con la tímida reacción de las autoridades de gobierno, cuando no de su activa participación en la intimidación de los periodistas, se va creando un clima propicio a la agresión y, eventualmente, al asesinato de los periodistas.

Pero, además, se observa en estos años un aumento de la interferencia con el trabajo periodístico al obligar a los reporteros a participar como testigos en muchos procesos judiciales y, en algunos casos, intentando forzarlos a que revelen sus fuentes. Así ha ocurrido en Bolivia, Brasil, Colombia, Estados Unidos y México. En varios países como Bolivia, Chile, Ecuador, Panamá y Trinidad-Tobago, la máxima autoridad del gobierno se ha inmiscuido en las tareas periodísticas, sea querellándose contra periodistas o criticándolos directamente. En muchos otros, como Costa Rica, Nicaragua, México y Bolivia, la publicidad oficial o estatal se utiliza para premiar o castigar a los medios según las informaciones que divulguen. Y aún subsisten en varios países, fuertes restricciones en el acceso a la información pública. Aunque se han dictado numerosas leyes de acceso a ella, no han faltado los casos en que con posterioridad se ha restringido la aplicabilidad de esas leyes.

Un signo preocupante es que persisten los esfuerzos legislativos por presentar proyectos que atentan contra la libertad de expresión, como en el caso de la República Dominicana.

En Cuba la aparición de medios independientes inquieta al gobierno que ha aumentado la represión en su contra y, en forma más marcada aún, reprime a los periodistas-ciudadanos. Son frecuentes las detenciones, los interrogatorios amenazantes y la confiscación de equipos de trabajo. En Venezuela se ha deteriorado aún más la situación de la prensa independiente que sufre de graves agresiones, robos de equipos e insultos de parte de los gobernantes. Las detenciones arbitrarias y las prohibiciones de hecho de informar sobre ellas, como ha ocurrido en el caso del periodista Braulio Jatar, ilustran el punto bajo al que se ha llegado en ese país. Las sedes de algunos medios venezolanos han sufrido ataques nocturnos con disparos y bombas molotov que jamás han sido investigados.

Junto a los obstáculos tradicionales que debe enfrentar la prensa para desarrollar libremente su tarea de informar, se han sumado nuevos desafíos. Los ataques cibernéticos en contra de algunos medios han adquirido un carácter alarmante. Sea mediante hacking o mediante la creación de cuentas falsas en las redes sociales o mediante la creación de páginas apócrifas, los medios están expuestos a nuevas formas de obstrucción de su trabajo. Deben prepararse y defenderse, por tanto, de esta nueva amenaza a la libertad de expresión que ya está afectando en forma seria a los medios de Bolivia, Guatemala, El Salvador y Trinidad-Tobago. La SIP, en conjunto con la empresa Google, ha lanzado una iniciativa denominada Proyecto Escudo (Project Shield) que utiliza la tecnología y la infraestructura de esa empresa para proteger los sitios de noticias de los ataques cibernéticos que buscan impedir la difusión de las informaciones y asegurar, así, la libertad de expresión. La Sociedad Interamericana de Prensa confía en que con esta asistencia quedarán mejor protegidos los medios grandes y pequeños de América Latina.

Entre estas nuevas clases de amenazas ha surgido la creación de un pretendido derecho, el derecho al olvido. Como consecuencia de las resoluciones judiciales de un tribunal europeo, han aparecido numerosas iniciativas legales en el continente que procuran regular esta materia, que fácilmente se puede transformar en una nueva forma de censura. Ya se han presentado casos emblemáticos en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Panamá y en algunos de estos países se ha hecho una interpretación arbitraria de lo sucedido que ha quedado de manifiesto en proyectos de ley que buscan regular este supuesto derecho, permitiendo que las personas disconformes con alguna noticia puedan eliminar la información publicada. El potencial de censura de una iniciativa semejante es inmenso, como lo son también las complejidades de su aplicación, pues los dictámenes de cada tribunal sólo son aplicables a los territorios donde imperan y el olvido aspira a ser de aplicación universal.

Junto a las graves y conocidas amenazas de violencia y a los nuevos desafíos que encuentra la prensa, deben registrarse también áreas de progreso. Hoy es más fácil acceder a la información pública en muchos países, donde se han comenzado a aplicar las nuevas leyes de acceso, como el caso de Argentina, donde se ha sancionado una ley al respecto. Asimismo, debe reconocerse el intento del gobierno argentino por lograr una distribución de la publicidad oficial en forma más técnica, independiente de las líneas editoriales de los medios.