Más allá de las particulares y muy lamentables circunstancias del entorno y del caso, la tragedia del Colegio Cervantes en Torreón (a la que la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera le dio un giro totalmente distinto) ofrece otra perspectiva de análisis: la situación de los menores infractores en el país. ¿Qué delitos cometen mayormente los jóvenes? ¿Qué los empuja a infringir la ley? Este fenómeno es también una expresión de la violencia estructural que ha golpeado a generaciones y generaciones de mexicanos y, tristemente, en el caso de los menores sentenciados, miles no logran reinsertarse y cambiar sus perspectivas de vida, como es frecuente en el caótico sistema penitenciario del país.

Se estima que cada año, entre 4 mil 500 y 6 mil menores son detenidos por delitos graves en todo el país. A través del “Diagnóstico de los adolescentes que cometen delitos graves en México”, elaborado por la Secretaría de Gobernación y la Unicef, se constató que los principales ilícitos que motivan la detención de menores son el robo (35%), homicidio (22%), la posesión de armas prohibidas (17%), secuestro (15%) y delincuencia organizada (10%). Lo lamentable es que de la totalidad de estos chicos sentenciados en el país, un 28% dijo tajantemente que no tiene sueños ni metas en la vida, que no confían en nadie y que, sencillamente, no piensan en el futuro. Casi la mitad, un 45%, considera que si llega a salir de la cárcel, su situación personal será igual o peor que cuando ingresaron.

Otra radiografía de la situación de los menores infractores en México la ofreció la asociación Reinserta a través del estudio “Factores de riesgo en adolescentes que cometieron delitos de alto impacto social”. En el documento se consigna que un 39% de menores infractores hombres y 33% de mujeres, son reincidentes, y de todos ellos, un 40% afirmó haber delinquido por primera vez en torno a los 13 años. Pero lo que resalta de este estudio es la exploración del entorno socioeconómico y familiar de los jóvenes delincuentes. Por ejemplo, un 27.6% reconoció que en su familia eran comunes las drogas y el alcohol, un 33% dijo que estaba intoxicado al momento de cometer un delito y dos de cada tres admitieron tener fácil acceso a armas; además, el 62.4% de los menores delincuentes provienen de familias con ingresos menores a 7 mil pesos por mes. En cuanto a lo que ellos mismos calificaron como traumas, un 48% dijo tener algún familiar preso, un 44% señaló como algo traumático el haber perdido a alguno de sus padres y un idéntico porcentaje, 44%, manifestó que una marca negativa en su vida fue haber convivido con alguna persona drogadicta en sus círculos directos.

Más allá de todas las cuestiones moralistas, de valores, los llamados a la reflexión familiar o las acciones superficiales como el operativo mochila (que apenas en su primer día reportó la presencia de residuos de droga en la bolsa de un alumno en Matamoros) y el absurdo de seguir culpando con pasmoso simplismo a los videojuegos como si la parte valiera por el todo, la tragedia del Colegio Cervantes nos recuerda que muchos menores tienen incrustada la violencia en su hábitat. Y no nos referimos solamente al presunto entorno delictivo del niño atacante, sino al fenómeno completo de los menores como víctimas y victimarios. En la misma semana de la tragedia del Cervantes, había ocurrido el feminicidio de la niña Carol de 5 años en el municipio lagunero de Lerdo, la muerte de una niña en el municipio de Zaragoza cuando policías dispararon por error a una familia mientras perseguían presuntos delincuentes y el feminicidio de otra pequeña en el municipio de Ocampo. Todo esto está ocurriendo frente a los ojos de todos y este fenómeno amerita acciones contundentes, no discursos moralinos cuyo eco ahoga, al paso de los días, la indolencia de siempre.


@manuserrato
Manuel Serrato
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