Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana difundieron en la semana su índice de percepción de la corrupción correspondiente a 2017. En éste, México volvió a descender en la tabla de posiciones colocándose en el lugar número 135 de 180 países, lo cual demanda algunas acotaciones:

En primer lugar es obligado resaltar cómo tenemos la peor evaluación entre los miembros del G-20 y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Éste último es el principal club de países al cual pertenecemos y, al menos en teoría, deberíamos tratar de igualarnos al resto de los miembros de la OCDE y no hacernos cada día más diferentes a ellos.

En segundo lugar debemos asumir nuestra vergonzante posición en el continente americano: estamos apenas cinco lugares por encima del sotanero de la tabla, Venezuela, y nuestra percepción respecto de la corrupción a nivel local es apenas mejor a la de los paraguayos, los guatemaltecos, los nicaragüenses y los haitianos.

Un dato más para documentar el pesimismo: con una economía ubicada muy por encima de las de Honduras, El Salvador, Panamá, Guyana, Jamaica o Cuba, los mexicanos tenemos una percepción de la realidad peor a la existente entre los habitantes de dichos países. Y de compararnos con las naciones del primer mundo, mejor ni hablar.

Vale la pena resaltar, desde luego, la característica más relevante del índice desarrollado por Transparencia Internacional: mide la percepción de los ciudadanos y, a partir de este hecho, puede criticársele por estar basado en elementos subjetivos.

Pero esta característica debe resaltarse no para desestimar los resultados del informe respecto de nuestro país, sino justamente para lo contrario: para apreciar la magnitud de nuestro fracaso en el combate a la corrupción.

Porque, como todos sabemos, tenemos dos años trabajando en el diseño e implementación de un complejo “sistema anticorrupción” el cual ha implicado la creación de una legislación marco a nivel nacional; el establecimiento de un “sistema” en cada estado del país; el surgimiento de tribunales y fiscalías especializados y la instauración de un mecanismo de coordinación entre más de media docena de entidades públicas. La complejidad del modelo es directamente proporcional a la magnitud del problema.

A pesar de todo eso, la percepción de los mexicanos respecto del fenómeno de la corrupción no solamente no mejoró: empeoró respecto de la medición de 2016. 

¿Cómo es esto posible? La respuesta, desde mi punto de vista, es más o menos simple: porque a pesar de todo este pretendido esfuerzo, los actos de corrupción se siguen cometiendo.

No hace falta ser especialista en el tema ni particularmente observador para llegar a la conclusión anterior. Basta con echarle un ojo a cualquier periódico, o dedicar algunos minutos a escuchar un noticiario en la radio, para recabar la información necesaria para el diagnóstico.

La contratación de individuos incompetentes para ocupar cargos con salarios exhorbitantes, la existencia de aviadores en la nómina pública, la asignación discrecional de contratos, la adquisición de bienes y servicios a precios inflados, el uso de empresas “fantasma” para “coyotear” contratos públicos, la exigencia de sobornos para agilizar trámites y las mil y un manifestaciones adicionales de la corrupción, siguen gozando de cabal salud.

Así pues, las personas comunes y corrientes, los burócratas de los estratos inferiores de la nómina, los medios de comunicación y los órganos de control interno del sector público seguimos atestiguando y documentando cotidianamente cómo, quienes acceden a posiciones de poder, sufren súbitos ataques de éxito y prosperidad económica.

Paradójicamente, vale la pena señalarlo, el escepticismo mexicano documentado por Transparencia Internacional se registra en un momento en el cual, como nunca antes, un número importante de “peces gordos” se encuentran tras las rejas, en espera de ser extraditados o en calidad de prófugos de la justicia.

Nunca, como ahora, las autoridades mexicanas han perseguido a tantos personajes otrora “intocables” y dado muestras de cómo el imperio de la impunidad podría llegar a su fin. Con todo y eso, los ciudadanos no compran el discurso.

Y aquí es justamente donde se ubica el quid de la cuestión: nadie va a confiar en la presunta intención de acabar con la corrupción, incluso viendo “peces gordos” tras las rejas, si al mismo tiempo sigue atestiguando cómo la corrupción prevalece como el signo distintivo de la vida pública.

Algunos hemos insistido sin éxito en plantear cómo, debido a lo anterior, los sistemas anticorrupción deben concentrar sus energías en el desarrollo e implementación de un modelo fundamentalmente preventivo. Porque, sin renunciar a la posibilidad de ver a X o Y terminar tras las rejas, en tanto eso pasa lo importante sería inhibir los actos de corrupción. Volveremos al tema.

¡Feliz fin de semana!

@sibaja3
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