Derecho a una vida libre de violencia en la pandemia: las mujeres y la contingencia sanitaria
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En la actualidad estamos siendo testigos a nivel mundial de la crisis sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad COVID-19. México, como muchos otros países, ha tenido que adoptar fuertes medidas para mitigar sus impactos. Estas medidas han implicado una nueva realidad para toda la sociedad. De esta forma, a través de la Jornada Nacional de Sana Distancia, debemos acatar principalmente medidas de distanciamiento social y quedarnos en casa para evitar la propagación del virus.
Lamentablemente, las medidas de esta contingencia han dejado expuesta aún más la desigualdad social y las situaciones de vulnerabilidad de ciertos grupos de la sociedad, como es el caso de las mujeres y niñas que son víctimas de la violencia por el confinamiento decretado.
Por un lado, las autoridades tienen la obligación de promover, proteger y garantizar el derecho de todas las mujeres a una vida libre de violencia, en todo momento y con mayor énfasis en situaciones como la que ahora enfrentamos. Por otro lado, el derecho a una vida libre de violencia es el derecho que tenemos todas las mujeres a no sufrir agresiones por acciones u omisiones basadas en el género. De esta forma se debe garantizar protección ante situaciones de acoso, daño, sufrimiento y violencia psicológica, física, patrimonial, económica, sexual e incluso la muerte, tanto en el ámbito público como el privado.
Sin embargo, estos bienes jurídicamente tutelados han quedado desprotegidos. Y resultado de esto son los alarmantes contextos de violencia contra las mujeres y niñas en nuestro País que se han visto agravados por los efectos de la contingencia sanitaria.
Desde antes de la llegada del SARS-CoV-2, México enfrentaba graves problemas de violencia contra las mujeres. Basta recordar cómo miles de mujeres acudieron a la histórica marcha del 8 de marzo de este año y pararon actividades el 9 del mismo mes para exigir justicia, respeto a la dignidad y a los derechos humanos de nosotras las mujeres.
Sin embargo, la convergencia de ambas crisis está teniendo resultados desfavorecedores y que propician y agudizan aún más las situaciones de desigualdad y violencia. Así, según los informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se han registrado 314 víctimas de feminicidios en los primeros cuatro meses del año. Sin embargo, las muertes violentas de mujeres representan una cifra más alta.
Por otra parte, el reporte del Sistema Nacional de Emergencia 911 refleja que las llamadas de auxilio realizadas por mujeres durante la crisis sanitaria han aumentado. Según la iniciativa Spotlight, en marzo de este año esta línea recibió 155 llamadas de emergencia cada hora por diversas formas de violencia contra las mujeres en todo México.
Además, la Red Nacional de Refugios ha informado que las solicitudes de mujeres víctimas de violencia han aumentado al menos 12.7 por ciento en el mes de marzo de este año. La importante y fundamental actividad de las organizaciones civiles que protegen los derechos de las mujeres se ha hecho esencial para hacer frente a la violencia en la contingencia actual.
De igual forma, la organización feminista EQUIS Justicia para las Mujeres, en su informe “Desprotección Judicial en tiempos de COVID-19”, ha señalado que 84.4 por ciento de los poderes judiciales del País están reprobados en garantizar la protección y el acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia.
Lamentablemente esta situación para nada es exclusiva de nuestro País. De acuerdo con información de ONU Mujeres, en otros países como Argentina, Canadá, Francia, Alemania, España, Reino Unido y Estados Unidos, las personas que defienden los derechos de las mujeres y aliados de la sociedad civil han señalado un aumento de las denuncias de violencia doméstica durante la crisis y mayor necesidad de protección de emergencia.
En este contexto, organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha realizado un llamado a los países a incorporar la perspectiva de género en las medidas que han tomado como respuesta a la pandemia. Ya en el año 2003, durante el mensaje en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Noeleen Heyzer, entonces directora ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas, advertía que la misma había alcanzado proporciones de pandemia.
Definitivamente México debe priorizar los esfuerzos para abordar los riesgos que implican las medidas restrictivas ante la contingencia para las mujeres y niñas. Sin embargo, la realidad es que, frente a graves omisiones y acciones aisladas, incompletas y deficientes de las autoridades, se ha sumado un discurso político negligente y preocupante, que frena y retiene la garantía del derecho a una vida libre de violencia, lo que contribuye a la impunidad.
Es más que evidente la urgencia de atender la otra pandemia que, si en cifras nos basamos, es aún más grave: la violencia contra las mujeres es real… ¡y urgente!
La autora es Secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila
Este texto es parte del proyecto de Derechos Humanos de VANGUARDIA y la Academia IDH
