Derrota ganada a pulso

El gobierno de Enrique Peña Nieto acabó tan mal como lo hizo debido a la calidad de su gestión y a que otros actores de la sociedad mexicana no cumplieron el papel que les corresponde. La contribución de la campaña a ese resultado merece comentario por separado.

Salvo durante los primeros 18 meses, cuando concretó un paquete de reformas estructurales, necesarias y largamente pospuestas, el resto de su administración fue de deterioro ininterrumpido. A pesar de información abundante acerca del deterioro continuo de la popularidad del presidente, y de otros indicadores del creciente desencanto y enojo de la ciudadanía, la administración prácticamente no corrigió su curso de acción, sus modos de hacer política, y sus cuestionadas "prácticas administrativas", como eufemismo de corrupción. La aprobación del Presidente cayó de manera prácticamente cotinua, de 45% en abril de 2015 a 16% en junio de 2017 (encuesta GEA–ISA). Además, cada vez más mexicanos no le "creían nada" a EPN (63%).

Después de 24 meses de una disminución de la inseguridad (homicidios dolosos disminuyeron 46%), la inseguridad volvió a aumentar, hasta alcanzar un máximo histórico de 2 mil 890 homicidios en mayo. Estos "focos amarillos" no le parecieron alarma suficiente a la administración, que se distinguió por su falta de autocrítica.

Sin embargo, salvo contadas excepciones, otros actores políticos y sociales no cumplieron su función de señalar y denunciar lo que sucedía. En la democracia mexicana, basada en un sistema de partidos, éstos no cumplieron su función de identificar y debatir con suficiente fuerza y de manera convincente los asuntos, en todos los foros, desde el Congreso federal, hasta asambleas comunitarias. Hubo pocos sucesos de denuncia memorables, del tipo de "si no pueden arreglarlo, renuncien".

Algunos medios de comunicación, entre los que destaca Animal Político, desplegaron esfuerzos trascendentes de investigación, denuncia, y hasta confrontación con el gobierno, pero éstos fueron insuficientes para que las administraciones federal, estatales, y municipales rectificaran su comportamiento. Las críticas que se oían en las tertulias y los comederos políticos rara vez afloraban con fuerza suficiente para lograr que el gobierno, por demás soberbio y a su vez parroquiano, modificara comportamientos.

Algunas organizaciones de la sociedad civil ventilaron, con éxito variado, deficiencias de transparencia y corrupción de la administración. Destacan los liderazgos de Mauricio Merino, Jacqueline Peschard, Eduardo Bohórquez, y Aidé Pérez Garrido, entre otros.

En retrospectiva, un medio de denuncia efectivo fueron las redes sociales, pero lamentablemente su impacto estuvo limitado por la dinámica de sus mensajes, que con frecuencia los tornó efímeros, y por tanto, inofensivos.

Esa "autocontención" de los otros actores sociales para fungir como contrapeso de los gobiernos permitió, o incluso contribuyó, al profundo deterioro de la administración, tal que en noviembre de 2017, 35% de la población consideraba que los partidos políticos no la representaba, y que 41% manifestaba su rechazo a la permanencia del PRI en el gobierno. La amplitud e intensidad de la demanda de "cambio" aumentaron ininterrumpidamente. La bola de nieve del hartazgo de la ciudadanía no nació súbitamente, sino que fue adquiriendo masa y velocidad durante toda la administración, por la concurrencia de una cadena interminable de errores, corrupción incontenible, y una sociedad cuya denuncia fue insuficiente.

Ese antecedente es fundamental para el futuro. La sociedad debe exigir que se cumplan las promesas de campaña (EPN prometió que desaparecería la Secretaría de la Función Pública, que todavía está ahí con la complacencia de todos); debe haber tolerancia cero para la corrupción. Las Casas Blancas detonaron indignación pasajera, mientras que la corrupción continuaba y se extendía en todos los rincones de la vida pública y privada; una verdadera fábrica de complacientes y cómplices.

Los resultados de la elección del 1 de julio pasado son una expresión de condena a la administración de EPN, pero también de un anhelo ciudadano de que lo sucedido no se repita, un compromiso implícito para un actuar político responsable y cotidiano.