La peor violencia que puede padecer una sociedad es aquella que se produce a partir de la participación de los agentes del Estado en los actos delictivos. O para decirlo con mayor claridad, no hay peor violencia que aquella provocada, consentida o perpetrada por quienes deberían proteger a los ciudadanos.

Y es que cuando tal cosa ocurre la víctima se encuentra en absoluto estado de indefensión, completamente a merced de quien pretenda causarle daño, arrebatarle su patrimonio e incluso quitarle la vida. Nadie acudirá en su defensa simple y sencillamente porque quien tiene la obligación de hacerlo ha decidido abandonar sus responsabilidades.

La generalización de esta realidad es lo que conduce a la definición de “estado fallido” y, durante la época de mayor violencia padecida por la sociedad mexicana en los últimos años, tal definición era muy cercana a la realidad de nuestro País.

Conviene recordar lo ocurrido y puntualizar su significado, porque eso es lo que permite dimensionar la gravedad del reporte que publicamos en esta edición, relativo a la proporción de personas que en Coahuila se encuentran sujetas a proceso, como presuntos responsables de los delitos de desaparición forzada y secuestro, y eran policías al momento de registrarse los hechos.

De acuerdo con José Ángel Herrera, titular de la Fiscalía Especializada en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas en la entidad, entre 45 y 50 por ciento de todos los individuos sobre quienes recae una acusación de este tipo eran elementos en activo cuando habrían cometido los delitos de los cuales hoy se les acusa.

Se trata de una cifra absolutamente devastadora que nos revela el grado de descomposición al cual llegaron los cuerpos de seguridad en nuestra entidad en los años en que las bandas del crimen organizado se apoderaron del territorio estatal.

“Hemos contabilizado que tenemos aproximadamente 108 o 109 (personas) que están siendo procesadas en este momento por el delito de desaparición forzada, por el delito de desaparición cometida por particulares y por el delito de secuestro calificado”, ha dicho el fiscal Herrera.

La estadística deja claro, una vez más, que en Coahuila hubo una época en la cual las autoridades estatales y municipales abandonaron sus responsabilidades y entregaron a la delincuencia –organizada o no– el control del territorio y de las instituciones públicas.

Muchas historias circulan en Coahuila sobre municipios en donde los grupos criminales decidían quién se hacía cargo de la policía municipal. También circulan versiones relativas al presunto contubernio entre bandas delincuenciales y los cuerpos de seguridad estatal. Las estadísticas reveladas por el fiscal Herrera dotan de verosimilitud a dichas historias.

Como se ha dicho en otras ocasiones, lo más importante es que la historia no se repita. Pero para lograrlo es necesario que la historia se cuente en voz alta y en forma permanente. Sólo así lograremos que nunca más un agente del estado se convierta en el principal enemigo de los ciudadanos.