El gas del bienestar o malestar económico

El costo tan alto del gas ha ocasionado que el gobierno federal haya decidido tomar cartas en el asunto creando una nueva empresa, Gas Bienestar. El objetivo de esta nueva organización es vender gas a precio justo como ha argumentado el Presidente de la República. Sin embargo, surgen dos problemas importantes de esta propuesta. El primero de ellos sería cuál es ese precio “justo”, porque el gas LP (licuado del petróleo) forma parte de un mercado abierto a la competencia y amplias oscilaciones a nivel internacional. Un precio para empezar fijo, ya no digamos justo, no existe y no será fácil de determinar. El segundo problema es que si esa “justicia” no generará injusticias. Lo que quiero decir es que el precio del gas debe ser tan cuidadosamente determinado porque si queda muy por debajo del precio de equilibrio de mercado, habrá empresas que dejarán de suministrar el producto, ocasionando quiebras y desempleo. Si queda muy alto, le seguirá imponiendo a Pemex más costos haciendo una tarea que hace mejor el mercado, en un momento en que su bono de deuda fue reducido a “basura” por la calificadora Moody´s. Ya nadie querrá comprar nada que tenga que ver con la paraestatal.

La demanda mensual actual en promedio ronda las 750 mil toneladas de gas LP. Los hogares mexicanos son los principales consumidores, con el 60 por ciento de esa cantidad que representa 450 mil toneladas. El comercio y los servicios consumen un 15 por ciento, 10 por ciento transportes (público y privado) y finalmente un 15 por ciento la industria en general. Del monto total, Pemex sólo produce el 40 por ciento, 20 por ciento se importa y el restante 40 por ciento es obtenido por empresas privadas en territorio nacional.

Con la información anterior surge la duda de cómo podrá lograr el gobierno abastecer al menos al 50 por ciento del mercado nacional cuando no llega más que al 40 por ciento con su empresa paraestatal. Las operaciones iniciarán sólo en la Ciudad de México. Tampoco está claro quién se atreverá (mayorista) a venderle a gobierno cuando se sabe que no tiene dinero para pagar, pues Pemex ya ha quebrado a varios proveedores por impago. Y con esa situación, es claro que quien decida venderle lo hará con un sobreprecio para protegerse de cualquier detalle; un seguro, y todo tipo de cobertura. Será difícil que estos elementos no incidan sobre el precio al consumidor en el corto plazo. Además, todo el costo de la inversión inicial y su depreciación será con carga al erario, que en este momento se encuentra muy limitado.

El problema actual del gas LP no sólo es de precio, sino también de abastecimiento nacional e internacional. Su refinación, almacenamiento, distribución y venta es bastante complicada. Si a eso le agregamos la distribución nacional y regional, empieza a notarse por qué hay una gran variación del precio y sobre todo un aumento sostenido a lo largo del año, que dependiendo de la empresa y del lugar del país en que se compre, puede llegar hasta 13 pesos por litro. En este punto es necesario hacer un breve análisis para entender qué está pasando actualmente en el mercado y que, de acuerdo a los distribuidores de gas, el gobierno federal no está contemplando.

Distribuir el gas en las casas requiere vehículos, que a su vez requieren mantenimiento y que pagan impuestos por derechos. Todo lo anterior en el mejor de los casos ha aumentado cuando menos un 6 por ciento en lo que va del año, siendo muy conservadores en la cifra de inflación. La gasolina necesaria para repartir también ha subido de manera importante, pues de enero a la fecha ha habido un aumento de este insumo del 18 por ciento aquí en Saltillo y eso que nuestra ciudad tiene uno de los precios más bajos a nivel nacional. ¿y el costo de los seguros del vehículo o vehículos? Estos han aumentado estrepitosamente cuando menos en un 20 por ciento, nuevamente, siendo muy conservador y a eso agregar costos de equipamiento para los transportes, impuestos, problemas generados por la falta de claridad de los procesos burocráticos a todos los niveles gubernamentales, entre otros. Con todo lo anterior, se puede ver que el precio si bien sigue siendo muy caro, hay que analizar detalladamente la situación para que la solución no sea más dañina que el problema.

Políticamente es una propuesta que, con tanta pobreza nacional, seguramente será bien recibida porque está orientada al núcleo fuerte de votantes del Presidente y su movimiento. Económicamente, la intervención gubernamental nunca ha generado mejores precios para los consumidores, al contrario, y distorsiona negativamente el mercado. No estoy en contra del apoyo a los que menos tienen en un producto tan importante como el gas y sobre todo en el norte del país, donde el invierno obliga a un consumo mayor del producto al menos tres meses al año. Sin embargo, hay mejores mecanismos de asignación que traerían mayores beneficios y estarían mejor dirigidos sin tener el potencial más que evidente del daño al mercado. Por ejemplo, utilizar credenciales para que sólo aquellas familias con verdadera necesidad tengan acceso a ese precio subsidiado, poner rutas específicas por los repartidores actuales y dar ese descuento perfectamente bien orientado.

Las condiciones económicas ponen de manifiesto que las estrategias económicas nacionales no están funcionando. Hay que entender que, si Pemex está en problemas, darle más trabajo no es precisamente una buena idea porque con toda posibilidad esta tarea le va a generar más pérdidas. Más simple que eso es que no hay manera de que el gobierno compre gas, dada las condiciones actuales de las finanzas públicas, usará el que produce obligando a las empresas a importarlo o a comprarlo en otros mercados. La solución al precio del gas no es creando una empresa para el bienestar, es generando condiciones económicas favorables para que los empleos sean mejor pagados, para que el ciudadano pueda mejorar su calidad de vida y no vivir de las “ocurrencias”. Caso contrario, después tendremos electricidad del bienestar, transporte del bienestar y en futuro no muy lejano, problemas con los costos del bienestar. Así lo sugieren los datos.