Once años después de que criminales arrojaron granadas a civiles que festejaban el Grito en la capital michoacana, no hay órdenes de captura o indicios que permitan resolver el caso

Algunos de ellos se quedaron sin trabajo y otros padecen aún de estrés postraumático. Hombres, mujeres y niños que perdieron la movilidad de alguna parte de su cuerpo e incluso, sufrieron la amputación de una pierna o un brazo. Por si fuera poco, hay quienes también perdieron para siempre a un ser querido.

Son las víctimas de los atentados perpetrados con granadas de fragmentación la noche del 15 de septiembre de 2008 en el zócalo de Morelia, Michoacán. Aquel ataque con explosivos ocurrido en pleno festejo patrio –calificado como atentado terrorista por el gobierno– y del que hoy se cumplen 11 años.

Una década en la que no ha habido justicia ni reparación del daño para los afectados.

La investigación oficial de este caso, a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR), acumula años empantanada. Las personas a las que en su momento detuvo y acusó ante los medios de ser las responsables terminaron en libertad pues fueron torturadas para declararse supuestos autores del ataque.

Como no hay culpables sentenciados, tampoco hay responsables a los que un juez pueda exigirles que reparen a las víctimas el daño causado. Las pifias de PGR no solo tambalean el caso, sino con ello el reconocimiento legal de los afectados.

Las instancias que el Estado tiene para apoyar a las víctima: Comisiones de Atención Especializada, a nivel nacional y local, no se acercaron a los afectados para ofrecerles el beneficio de una indemnización integral o de reparación. En algunos casos, solo les han ayudado con alguna pensión, medicamento o beca. En otros, ni eso.

Cuando las víctimas se enteraron de la reparación a la que por ley tienen derecho y decidieron buscarla por su cuenta padecieron de todo, desde la supuesta pérdida de sus expedientes, hasta trabas e intimidaciones del propio personal que debería de apoyarlas, acusan.

El saldo oficial de la detonación de las granadas de fragmentación de Morelia durante la fiesta del grito del 15 de septiembre fue de ocho personas muertas y más de 130 lesionadas.

Víctor Manuel Serrato Lozano, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, asegura que, de acuerdo con el expediente que inició dicho organismo, La Familia Michoacana plagió a tres inocentes y los torturó. Después de entregarlos como responsables de los granadazos, cobró una recompensa de diez millones de pesos a la entonces PGR.

“Los seleccionaron de acuerdo a un retrato hablado, un poco parecidos; se dice en el proceso que fueron bestialmente torturados, aleccionados, ni entre ellos se conocían. Se les obligó a que dijeran que sí, fabricando culpables”, aseguró en entrevista con Excélsior.

Para Serrato Lozano, quien en 2008 también fungía como ombudsman estatal, la PGR se empecinó en hacer culpables a Julio César Mondragón Mendoza, Juan Carlos Castro Galeano y Alfredo Rosas Elisea, para responder a la presión social.

“Fueron hace poco liberados, absueltos, porque se demostró que fueron torturados. Esta Comisión tuvo conocimiento de evidencias que demuestran que ellos esa noche estaban en Ciudad Lázaro Cárdenas”, sostuvo.

Afirmó que el ataque de hace 11 años quedó sin castigo, como muchos otros. “Es uno de los casos, digamos, emblemáticos de la impunidad en México”, señaló.

Ante esto, considera indispensable que la Fiscalía General retome la investigación.

“Es inaceptable que a 11 años no se sepa quién fue y que se haya entregado, a través del Fondo de Recompensas, diez millones de pesos muy probablemente al grupo criminal que torturó a los detenidos”, indicó.

Granadazos, en la impunidad

Víctimas del ataque exigen justicia, a 11 años del atentado en Morelia durante el Grito de Independencia.

A 11 años del ataque con granadas de fragmentación en Morelia, en el que murieron ocho personas y más de 100 resultaron heridos, el caso está marcado por la impunidad, porque no hay detenidos o imputados ni órdenes de aprehensión contra quienes lanzaron explosivos la noche del 15 de septiembre de 2008.

El expediente, de acuerdo con Víctor Manuel Serrato Lozano, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, evidencia una eventual negociación entre el cártel de La Familia Michoacana y quienes, por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), estaban encargados de investigar los hechos.

El ombudsman michoacano concluye que el grupo criminal, liderado en esos años por Jesús Méndez Vargas, Nazario Moreno González y Servando Gómez Martínez, plagió a tres inocentes, los torturó y, después de entregarlos como responsables del ataque a la población civil en Morelia, cobró 10 millones de pesos a la PGR.

“Los seleccionaron de acuerdo con un retrato hablado, un poco parecidos; se dice que en el proceso que fueron bestialmente torturados, aleccionados, ni entre ellos se conocían, pero se les obligó a que dijeran que sí, fabricando culpables, ellos aceptaron, pero al llegar ante la PGR, ellos se sienten de alguna manera seguros, allí se retractan, pero ¡sorpresa! La PGR era la más interesada en que siguieran admitiendo que ellos fueron”, afirma.

La PGR, considera Serrato Lozano, quien en 2008 también fungía como presidente de la CEDH, se empecinó en hacer culpables a Julio César Mondragón Mendoza, Juan Carlos Castro Galeano y Alfredo Rosas Elísea, para responder a la presión social, “la PGR se aferró a que ellos eran los responsables, no fue así, fueron hace poco liberados, absueltos, porque se demostró que fueron bestialmente torturados. Esta Comisión tuvo conocimiento de evidencias que demuestran que ellos, esa noche (la del 15 de septiembre de 2008), estaban en Ciudad Lázaro Cárdenas”.

Sin embargo, los detenidos al final resultaron chivos expiatorios y hoy están en libertad. No hay detenidos o procesados ni órdenes de aprehensión pendientes. En opinión de Víctor Manuel Serrato, los hechos del 15 de septiembre de 2008 están marcados también por la impunidad, “lo lastimoso a 11 años es que no hay culpables. No Hay órdenes de aprehensión vivas. No hay ni siquiera indicios, la PGR se quedó como si nada, el caso está en la absoluta impunidad como muchos otros, pero éste llama la atención porque es uno de los casos, digamos, emblemáticos de la impunidad en México”.

También, de acuerdo con el expediente, la Sedena y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) sabían de amenazas previas a la noche del 15 de septiembre y no hicieron algo para prevenir los ataques.

Serrato Lozano ve indispensable que la Fiscalía General de la República (FGR) retome la investigación para dar con los responsables.

“Queremos saber quién fue”

Víctimas de los atentados no están conformes con las investigaciones de los hechos en los que perdieron a sus seres queridos o donde ellas y ellos quedaron marcados para siempre por esquirlas de las granadas de fragmentación.

La mayoría sabe de la liberación de quienes estuvieron acusados del ataque terrorista ocurrido hace 11 años.

Rocío García, quien todavía tiene pedazos de plomo en el cuerpo, perdió a su hijo Ángel Uriel la noche del Grito de Independencia. Ella alza la voz y exige saber quién fue, consciente de que nadie ha sido castigado por el primer ataque del narcoterrorismo contra la población civil en la historia de Michoacán.

“Que se encuentre a los verdaderos culpables, cuál fue el motivo. ¿Por qué atentar contra gente inocente, que simplemente íbamos a disfrutar un momento de esparcimiento y que tuvimos la fatalidad de perder, a un hijo en mi caso? ¿En qué momento la gente tiene ese corazón y no piensa en la vida de los demás?”, exige.

Rocío, quien también perdió a su madre, Elisa, quiere conocer la verdad y lamenta saber que las autoridades ya tenían conocimiento de las amenazas. “Sí sería importante para nosotros saber qué fue lo que sucedió, por qué (atentaron) contra la gente inocente... no creo que haya sido directamente contra nosotros, simplemente lo hicieron y quisieron demostrar su poderío, pero acabaron con la vida de nosotros”.

María Encarnación Dimas es otra de las víctimas. A ella la explosión la arrojó contra una jardinera, lo cual le ocasionó discapacidad permanente. También clama justicia y espera vivir lo suficiente para conocer a los asesinos del 15 de septiembre de 2008 en Morelia.

“A mí sí me gustaría que encontraran a esos malvados que nos destrozaron la vida, que se nos haga justicia, porque hay muchos que estamos discapacitados”, exclama.

María Encarnación sufre junto con su marido, a quien las esquirlas sembradas en el cuerpo le causan dolor las 24 horas del día. A ambos les extraña nunca haber sido llamados a declarar por la entonces PGR.

Rocío y María Encarnación reciben atención psicológica ininterrumpida, pero todavía no logran superar la tragedia.

Prefieren dar vuelta a la página

Así como hay quienes exigen saber la identidad de los autores del ataque terrorista perpetrado hace 11 años en Morelia, Cristóbal Méndez, unas las víctimas, prefiere dejar atrás el pasado.

Cristóbal, originario de Chiapas, era estudiante cuando ocurrió la tragedia. Trata de olvidar las consecuencias y se refugia en el trabajo para aliviar el dolor físico causado por los pedazos de granada de fragmentación que todavía tiene en sus pies, “algunas personas que perdieron a algún familiar, lógico que piden justicia... pero yo, en lo personal, ya lo superé, ya prácticamente ahí muere”.

Cristóbal tiene, además, la motivación de una hija pequeña, a quien pretende darle un futuro, alejado de los malos recuerdos, “al llegar a casa es una felicidad que te estén esperando en casa… ha cambiado literalmente la vida, claro, es muy cansado, porque al final de cuentas hay una lesión física, es muy complicado, es una etapa muy complicada, pero es una felicidad inmensa”.

A don José Ángel López Bucio todavía le resta una cirugía para extraerle esquirlas, “tenemos operaciones por ahí todavía pendientes y esperemos a ver cuándo las hacemos, de mi pie... ya que no las pueden operar, los doctores nos han dicho que ya no hay nada que hacer y aguantamos”.

De oficio carpintero, José Ángel prefiere vivir sin el recuerdo de la tragedia. “Creo que lo que nosotros queremos es seguir adelante, ya olvidar esto, porque ya ve que cada año se llega y tenemos que recordar esto”.

La esposa de José Ángel, doña Rita Alvarado, sí pide saber quiénes son los culpables del atentado y espera castigo para quienes realmente sean los autores de la masacre, “estamos muy mal, graves, y nosotros en ese momento no supimos nada, hasta ahora venimos sabiendo, pero no sabemos quiénes son realmente culpables ni nada. Sí, verdad, que se sepa, pero que se sean en realidad los culpables, porque también nosotros no podemos señalar a nadie que no sea culpable ni nada”.

A 11 años de la tragedia, los sobrevivientes se enfocan en sus terapias sicológicas y tratamientos médicos y esperan algún día recordar los hechos sin tanto dolor.