Exige el PRD que investigue la FGR ejecución extrajudicial

CDMX.- El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados se pronunció porque la Fiscalía General de la República (FGR) investigue la presunta ejecución extrajudicial de ocho personas ocurrida el pasado 5 de septiembre en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a fin de garantizar justicia y reparación del daño a víctimas directas e indirectas, pues al parecer autoridades estatales están involucradas.

A través de la coordinadora del sol azteca en San Lázaro, Verónica Juárez Piña, consideró necesaria la intervención de la Cámara de Diputados en este “grave” asunto y formalizó una petición para tal efecto a través de una proposición de punto de acuerdo en el cual, de ser aceptado, este órgano legislativo apoyaría el pronunciamiento de que la FGR intervenga. 

En su argumentación la lideresa del Sol Azteca en San Lázaro señaló que, contrario a la versión oficial de la Secretaría de Seguridad de Tamaulipas, en el sentido de que los ocho fallecidos eran criminales del Cártel de Noroeste disfrazados de militares que fueron abatidos por policías estatales, otras versiones apuntan a que en realidad fue un asesinato extrajudicial. 

Citó testimonios de sobrevivientes de los hechos, así como de testigos y familiares de los fallecidos recabados por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, según las cuales las víctimas fueron sacadas de sus casas, obligadas a vestir ropa militar y conducidas por los agentes a otro domicilio, donde fueron ejecutadas. 

Juárez Piña también refirió que el Comité de Derechos Humanos denunció tales actos ante la Secretaría de Seguridad del estado y presentó una queja ante la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Gobierno de Tamaulipas, a las cuales solicitó medidas para preservar la integridad física de los sobrevivientes de los hechos. 

Narró que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Tamaulipas inició una investigación por la posible ejecución extrajudicial de las ocho personas, pero también que el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, calificó el caso de “gravísimo”.