Forenses argentinos alertaron a Murillo Karam sobre “graves fallas” en la investigación de Ayotzinapa
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El equipo argentino advirtió a la PGR de estas y otras las anomalías un mes antes de la renuncia del titular de la SEIDO y de Murillo Karam.
Por Arturo Angel (@arturoangel20) para Animal Político
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) –que colabora en la investigación de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa–, alertó en enero pasado al entonces procurador Jesús Murilo Karam de “graves fallas” en el trabajo pericial del caso, desde la infiltración de policías como falsos peritos hasta la siembra de cartuchos de arma de fuego en el basurero de Cocula.
Las anomalías descubiertas por los peritos internacionales se presentaron en diligencias en las que, presuntamente, la Procuraduría General de la República (PGR) violó los acuerdos establecidos con el EAAF para que las mismas se hicieran de forma simultánea o para que la agenda se acordara previamente.
El equipo argentino también señaló que el basurero de Cocula –donde se realizarán nuevos peritajes– fue contaminado como escena del crimen desde noviembre del año pasado debido a que no hubo una preservación adecuada del sitio, situación que incluso fue reconocida por las autoridades, quienesdijeron que no podían resguardarlo pues era “un bien público”.
Se trata de una “problemática continua” en todo el trabajo pericial de la PGR , dijeron los especialistas, que además de dificultar el trabajo pericial independiente compromete en general la integridad de la averiguación.
Ninguna de las anteriores anomalías y problemas fue comentada públicamente por la PGR.
Sin embargo, menos de un mes después de que el EAAF alertó de las fallas, el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Jorge Hugo Ruiz Reynaud, responsable oficial de la investigación, presentó su renuncia al cargo y antes de que terminara febrero también lo hizo Murillo Karam.
Los oficios y el dictamen de los peritos independientes reportando las anomalías se encuentran en los últimos tomos de la versión pública de la investigación que la PGR inició por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y que Animal Político ha podido revisar gracias a una solicitud de transparencia.
Dicha versión, junto con sus 13 anexos, está disponible desde el domingo 11 de octubre en el portal de internet de la PGR.
Los falsos peritos
El 29 de enero pasado, el EAAF envió un oficio al procurador Murillo Karam en el que reportó el descubrimiento de dos policías infiltrados como peritos en una diligencia que la PGR encabezaría en Guerrero, y de otra persona más que dijo ser, a la vez, policía ministerial y perito entomólogo del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF). Este último llevaba dos armas largas.
Lo anterior fue posible, de acuerdo el equipo argentino en su análisis, gracias al presunto desconocimiento o negligencia por parte de la SEIDO, la subprocuraduría de Derechos Humanos y los agentes ministeriales responsables de la averiguación.
El documento firmado por Mercedes Doretti, coordinadora del EAAF, relata que las irregularidades están relacionadas con la inspección que se realizaría el 22 de diciembre del 2014 en una zona conocida como La Carnicería, en Guerrero. Dicha inspección fue solicitada originalmente por los peritos independientes.
Tres días antes de la diligencia, la PGR modificó lo acordado originalmente, señalando que aprovecharían el viaje para acudir también al basurero de Cocula y realizar un estudio de insectos de la zona a cargo de peritos entomólogos. En total, según la Procuraduría, irían siete peritos de su parte.
La cita para partir fue a las 8 de la mañana en el hangar de la PGR en la Ciudad de México. Al llegar a esa instalación, los especialistas independientes comenzaron a identificar las anomalías.
“Nos sorprendimos que en la sala donde nos reunimos uno de los peritos en entomología cargaba un arma tipo fusil ametralladora cruzada en el pecho y una segunda arma también tipo subfusil que colgaba en su hombro (…) esta persona dijo que compraría carne para poner trampas y atraer fauna nociva”, señala Doretti en el oficio.
El EAAF cuestionó a los “peritos” el motivo de la diligencia siendo que ya se había recabado antes fauna nociva, a los que estos respondieron que “no conocían la investigación” pues no trabajaban para la PGR sino para la Universidad de Chapingo.
El agente del Ministerio Público que estaba a cargo del equipo, continua Doretti, dijo que “no tenía conocimiento” del motivo de la presencia de las armas en la diligencia, misma respuesta que dieron por teléfono el titular de la SEIDO Ruiz Reynaud y la subprocuradura de Derechos Humanos Eliana García.
Finalmente, bajo el argumento de que no se había solicitado vigilancia en la zona donde se realizarían los peritajes, la PGR suspendió el viaje.
Tras la cancelación, el EAAF solicitó que se proporcionara el registro de las armas que llevaba el equipo pericial y los antecedentes del supuesto entomólogo que las llevaba. Así se descubrió que había policías en el equipo pericial.
“El Ministerio Público nos comentó que por error, había dos personas en el grupo que venían de la Policía Federal Ministerial y que habían omitido identificarse (…) es decir los peritos eran cinco y no siete (como se reportó inicialmente) pues dos eran policías”, señala el oficio del EAAF.
Además, información posterior arrojó que el supuesto entomólogo de Chapingo que cargaba las armas, y que no era ninguno de los agentes ya identificados, dijo ser otro policía ministerial y perito que labora en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
Doretti señaló a Murillo Karam que todo lo anterior eran “hechos graves” que deberían ser investigados, y que además representan una violación a protocolos internacionales y al propio al acuerdo emitido por el propio procurador, que establecía que todo el trabajo pericial debía ser acordado previamente por los expertos de la propia PGR y del EAAF.
Incluso, en el equipo que realizaría el viaje no estaba presente el perito antropólogo de la PGR Carlos Jiménez, que era el que conocía a ubicación de la zona de la Carnicería, motivo original de toda la diligencia.
Basurero: siembra y abandono
En otro oficio del mismo 29 de enero, el EAAF dijo al procurador Jesús Murillo Karam que en una diligencia realizada el 15 de noviembre en el basurero de Cocula, sin la presencia de los peritos independientes violando el acuerdo pactado, se recabaron indicios que fueron colocados intencionalmente en el sitio.
Los peritos independientes se concentraron en el hallazgo de 41 cartuchos calibre 22 que –según el dictamen folio 82687 de PGR– estaban todos debajo de una piedra en la zona A del Basurero (ladera superior) sin que antes alguien se hubiera percatado de su presencia. Esos casquillos, se dijo en otro dictamen oficial posterior, vinieron de la misma arma que un cartucho encontrado previamente en la zona.
“El hecho de que los 41 casquillos hayan sido hallados todos juntos, debajo de una piedra, deja en clara evidencia que los mismos, no son producto de la disposición que debería darse al ser eyectados o extraídos de un arma de fuego que fuera disparada en el lugar, sino que fueron colocados por alguna persona en ese lugar”, establece el EAAF en su análisis.
La falta de custodia en el basurero en el periodo del 6 a 15 de noviembre, subrayaron los peritos independientes, también genera dudas sobre “la integridad de las muestras recolectadas (…) el EAAF no puede tener certeza del origen y/o vinculación de los indicios recolectados”.
En el mismo oficio, los peritos internacionales detallaron que pese a que se pidió un resguardo completo del basurero de Cocula, considerado una “escena del crimen” pues según la PGR ahí fueron asesinados los normalistas, el 5 de noviembre se permitió el ingreso a personas ajenas a la indagatoria como lo mostraron medios de comunicación
Ante dos nuevas solicitudes del EAAF para que el sitio fuera “de forma urgente” resguardado, un funcionario de la PGR (cuyo nombre está oculto en la versión pública del expediente) dijo que la vigilancia era “intermitente”
“Además se dijo que no se podía tener cerrado el basurero porque era un bien público. Ante esto se manifestó que al existir una investigación penal sobre el mismo, el Ministerio público tenía todas las facultades para hacerlo en función de preservar la escena bajo investigación” señala el documento.”
ADN equivocado
A finales del año pasado la PGR anunció que enviará muestras de ADN a un laboratorio en Innsbruck, Austria, para estudios de identificación genética avanzados. El equipo argentino descubrió que la Procuraduría cometió errores en el registro de por lo menos 22 de las 134 muestras que mandó a Europa.
El dictamen pericial que hizo el EAAF del registro de las muestras, y cuya explicación técnica y conclusiones fueron enviadas a la SEIDO en un oficio fechado el 16 de enero de este año, se basó en la comparación de los registros genéticos que la PGR incluyó en la averiguación previa abierta por el caso de los normalistas, los que mandó a Austria, y los que recabaron los peritos independientes.
El análisis arroja, de entrada, que hay 14 muestras que ni siquiera coinciden entre lo que la PGR asentó en la averiguación del caso, y los que la misma PGR asentó en el registro que mandó a Innsbruck. A estos casos se suman otros ocho en donde la marcación se hizo de forma incorrecta o incompleta en el embalaje de los perfiles.
El propio laboratorio de Innsbruck, en el documento de su “opinión experta” enviado a la PGR y fechado el 12 de enero, ejemplificó uno de estos errores en un perfil marcado en el registro como “13-I-F5” pero en el contenedor de la muestra como “13-I-E5”.
“El total de perfiles genéticos afectados por diferencias es de 22 sobre 134 y el total de familias afectadas por estas diferencias es de 16 sobre 42” establece en la conclusión del peritaje del EAAF practicado al registro de las muestras.
Los peritos advirtieron a la Procuraduría que las fallas cometidos en los registros podrían llevar a fallas en la identificación de las pruebas. La versión pública del expediente d ela PGR, que incluye documentos hasta febrero, o permite conocer si la PGR corrigió estas anomalías.
