“La primacía militar que pretende el nuevo gobierno no sólo hace caso omiso de las consideraciones recién emitidas por la Suprema Corte, sino que romperá los equilibrios políticos entre civiles y militares que han prevalecido en México durante las últimas décadas. En atención a lo anterior, hacemos un enérgico y urgente llamado al Presidente electo para detener la reforma constitucional anunciada, y optar en cambio por el desarrollo y fortalecimiento de nuestras instituciones civiles de seguridad”.

Con señalamientos como el anterior, medio millar de organizaciones civiles se manifestaron ayer en contra de la posibilidad de reformar la Constitución para crear la Guardia Nacional –un cuerpo esencialmente militar– como lo ha propuesto el Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados.

La advertencia que se hace en el documento emitido por las organizaciones civiles no es menor: no hace falta sino una revisión somera a la propuesta de reformas constitucionales para ver cómo se trata de una propuesta aún peor que la recién declarada inconstitucional Ley de Seguridad Interior.

Como se recordará, la propuesta impulsada por la actual administración federal planteaba la posibilidad de que los elementos militares “colaboraran” de manera contingente en acciones específicas de seguridad, a partir de una declaratoria que debía emitir el titular del Ejecutivo, misma que debía contener los límites precisos a dicha colaboración.

En cambio, el planteamiento de la nueva mayoría parlamentaria implica entregar la seguridad pública, así como la investigación de los delitos, por completo a las fuerzas castrenses, lo cual implica instituir en México una suerte de gobierno cívico-militar.

Se trata de una propuesta que resulta imposible “suavizar” señalando que al Presidente electo se le pidió que no retirara al ejército de las calles y que eso ha dado como resultados que, quienes están a punto de tomar las riendas del País “se den cuenta” de que efectivamente solamente las fuerzas armadas pueden garantizar la pacificación del territorio nacional.

A todas luces es una propuesta inaceptable e inadmisible porque implica, de manera fundamental, la renuncia a cualquier esfuerzo por mantener las tareas de prevención, investigación y persecución de los delitos en el lado civil de nuestra vida institucional.

Por lo demás, constituye el “bandazo” más importante que el futuro gobierno ha dado entre el 1 de julio y el día de hoy, pues hace apenas unas semanas se anunciaba que el ejército sería retirado de las calles y, como todo lo dicho hasta ahora, se afirmaba que ello derivaba de un diagnóstico puntual de la realidad realizado por la futura administración.

Por lo demás, la pretensión de que una hipotética Guardia Nacional comience a operar el 1 de diciembre, cuando Andrés Manuel López Obrador tome posesión del cargo de Presidente de la República, no sólo evidencia la falta de diagnósticos serios de la realidad, sino que demuestra un nivel de improvisación que resulta perturbador de cara al futuro.

El rechazo generalizado proveniente de las organizaciones de la sociedad civil, está por ello sobradamente justificado.