LOS HECHOS:

En las ultimas dos semanas, la justicia local en Coahuila “reabrió los juzgados durante la contingencia sanitaria”.

Hacerlo no es tarea fácil. Porque la justicia adolece de problemas estructurales que la hacen burocrática, formal, lenta, complicada e inaccesible.

Imaginemos ahora, a las 9 mil 500 personas que asistieron –sólo– la primera semana a los Juzgados.

REACCIONES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Y ORGANISMOS DE ABOGADOS:

“Rebasó reapertura al Poder Judicial: largas filas. Prolongados tiempos de espera para la atención, deficiencia en los protocolos sanitarios y lentitud en los trámites a realizar, caracterizaron la primera semana de labores en diversos juzgados”.

En Torreón, cinco integrantes del Colegio de Abogados obtuvieron un amparo provisional, porque “la reanudación de actividades presenciales en el Poder Judicial de Coahuila ponía en riesgo su vida, en caso de contagio de COVID-19, por pertencer a grupos vulnerables”.

¿QUÉ SE PUEDE HACER?

Juristas de reconocimiento nacional, recomiendan experiencias internacionales para los sistemas de justicia durante emergencias sanitarias. La principal es el uso de las herramientas tecnológicas para facilitar el acceso a la justicia. De esta manera se garantiza la salud con justicia y los ciudadanos tienen respuestas accesibles y rápidas.

Miguel Carbonell recomendó dos etapas: la primer, automatizar lo hecho de manera manual por los jueces. Porque reduce costos y agiliza trámites; la segunda, construir sistemas de inteligencia artificial que ayuden a los jueces a resolver los asuntos de manera más rápida.

El Poder Judicial de Coahuila tiene estos retos. Por ello, las preguntas son: ¿cuándo tendrá el Poder Judicial en Coahuila un juicio en línea para que las partes no tengan que asistir al juzgado?, ¿cuándo tendrá un Tribunal Virtual?, y ¿cuándo igualará a la Suprema Corte de Justicia para tramitar todos sus asuntos de forma electrónica?

¿Están los Magistrados y Jueces a la altura de esos retos? La pregunta es pertinente porque diversas fuentes señalan que “el presidente magistrado Miguel Mery sí quiere utilizar herramientas tecnológicas para facilitar el acceso a la justicia, pero ha encontrado serias resistencias al interior del Poder Judicial”.

¿Cuáles serían esas nueve resistencias de algunos magistrados y jueces del Poder Judicial para instituir una impartición de justicia –que con virus o sin el– ahorre tiempo, papel y dinero y tenga disponibilidad las 24 horas del día y los 365 días del año?

1. Refuerzan cada día –de manera pasiva y/o activa– las inercias estructurales enraizadas en el Poder Judicial: burocratización, legalismo, opacidad, rezago y difícil acceso a la justicia.

2. Reciclan –la falacia– que la informática jurídica sustituirá al factor humano.

3. Rebaten el uso de tecnologías digitales para tener juicios en línea, o desahogar pruebas y juicios a distancia, sin argumentos de fondo.

4. Rechazan parámetros claros, precisos y públicos en el tratamiento de un caso concreto en comparación con otros similares.

5. Rehúsan hacer público su nivel de productividad.

6. Refutan parámetros y criterios de evaluación y atención en el servicio de la administración de justicia con plazos legales definidos para resolver asuntos prioritarios.

7. Rehúyen la organización de su trabajo y la productividad del sistema de impartición de justicia.

8. Resisten un aprendizaje continuo en lo digital y lo jurídico que los saque de su zona de confort para ubicarlos en el siglo 21.

9. Repelen una impartición de justicia exigente; con criterios puntuales de democratización, transparencia, rendición de cuentas y cercanía al ciudadano común.

Mientras estas resistencias crecen por parte de esos magistrados y jueces, la labor de Mery se dificulta y la presión de cientos de ciudadanos –urgidos de una impartición de justicia alternativa– lo asfixia.

¿Se doblegará Mery o trascenderá esas resistencias? Veremos y diremos.

@Canekvin
Luis García Abusaíd
PANÓPTICO 

Luis García Abusaíd

Columna: Panóptico