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Además de las reducciones de salarios, el gobierno anunció el despido de 70 por ciento de los llamados empleados de confianza en el gobierno federal. Datos estiman que el número de trabajadores que no son de base o pertenecen a un sindicato oscila entre 200 mil y 250 mil

Ciudad de México. Al margen de los despidos en el sector público de trabajadores eventuales y de confianza, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) contempla reducir casi 10 mil plazas permanentes este año, número menor a las 11 mil 412 que se cancelaron en la administración pasada, revelan informes oficiales.

Actualmente se realiza el análisis de las unidades ejecutoras para efectuar los ajustes en el gobierno federal, el cual podría llevarse la primera mitad del año, derivado de las medidas de austeridad anunciadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, indicó la subsecretaria de Hacienda, Victoria Rodríguez Ceja.

Además de las reducciones de salarios, el gobierno anunció el despido de 70 por ciento de los llamados empleados de confianza en el gobierno federal. Datos preliminares estiman que el número de trabajadores que no son de base o pertenecen a un sindicato oscila entre 200 mil y 250 mil.

Pese a la falta de información sobre el ajuste de trabajos que efectuará el gobierno federal, el comparativo del Analítico de plazas y remuneraciones del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2019 establece un recorte de 9 mil 874, con lo cual se reduce de 499 mil 597 en 2018 a 489 mil 723.

Esa baja es menor a la que aplicó la pasada administración, cuando en 2016 hubo un programa de terminación laboral, con el que se cancelaron 11 mil 412 plazas, que incluye 479 de 2015.

En cuanto a personal eventual se alcanzó un ahorro de 2 mil 197 millones de pesos en la partida de sueldos, reveló Rodríguez Ceja.

Explicó que las estructuras requieren un proceso administrativo para hacer su modificación.

Trabajadores del Servicio de Administración Tributaria que fueron cesados se manifestaron el pasado 2 de enero. Foto José Antonio López/La Jornada

Victoria Rodríguez adelantó que el proceso de restructuración se está analizando en cada una de las unidades ejecutoras, el cual requiere un procedimiento que, por una parte, incluye reformas a la ley orgánica que fue votada recientemente en la Cámara de Diputados. En éstas se establece un tiempo de 180 días para hacer la publicación de los reglamentos, y derivado de eso se tendrán que aterrizar los ajustes a las estructuras. Ello llevará tiempo. A lo largo del año se irá sabiendo cuál es el número de plazas que, en su caso, serán ajustadas.

Recordó que el rubro de servicios personales tiene una disminución en ramos administrativos de 5 por ciento, y eso fue parte de los recursos que sirvieron para financiar los programas prioritarios que se han presentado en el paquete que se envió a los diputados.

Detalló: En las restructuras que se van a llevar a cabo en este ejercicio está incluida la Subsecretaría de Ingresos. Definitivamente desparece, pero de manera general, en todas las áreas, estamos planteando un ajuste en términos de una mejor eficiencia de plazas para cumplir con las indicaciones del Presidente y hacer más con el recurso que tenemos.

Desde octubre, en diversas dependencias se inició el proceso de despido de trabajadores de confianza, que abarcó el Poder Legislativo, dependencias gubernamentales, órganos reguladores y autónomos e instituciones como Nacional Financiera, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Servicio de Administración Tributaria, Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y Banco de México, entre otros.

El SAT recortó 560 plazas en el último trimestre de 2018, al descender de 35 mil 660 a 35 mil 100.

En diversas circulares el gobierno federal ordenó que a partir del 7 de diciembre de 2018 en las dependencias no se podrá realizar contratación de personal en plazas presupuestarias de carácter permanente ni contrataciones de prestación de servicios profesionales por honorarios con cargo a su presupuesto autorizado.

Incluso, en el Senado se condicionó a los 2 mil 40 trabajadores que fueron liquidados al término de la Legislatura anterior a ser recontratados sólo si regresaban el finiquito que recibieron en julio pasado y aceptar un sueldo de acuerdo con las políticas de austeridad.