Hay deficiencias en la Fiscalía para la Libertad de Expresión: PGR

La Procuraduría General de la República (PGR) reconoció que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) opera con deficiencias y que de 48 expedientes de asesinatos y agresiones a periodistas sólo ha logrado tres sentencias condenatorias.

En una reunión con diputados que integran la comisión especial que da seguimiento a las agresiones a periodistas, la subprocuradora de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías, expuso que en los años recientes ‘‘se ha presentado una situación de inseguridad grave para quienes ejercen la libertad de expresión en México, en especial para periodistas’’, pero argumentó que el acceso a la justicia se cumple en el momento que se inicia la carpeta de investigación y el personal de la fiscalía entra en contacto con los familiares de las víctimas.

Al encuentro asistió también el fiscal Ricardo Nájera Herrera, quien la semana pasada dejó plantados a los legisladores. El funcionario comenzó su intervención de dos minutos con una disculpa y dijo que si no se presentó ese día se debió a que tuvo que organizar el envío de ministeriales a Veracruz para dar seguimiento a la agresión a Armando Arrieta Granados, periodista de La Opinión, de Poza Rica.

Interrogado por los diputados sobre la indagatoria por el asesinato de la corresponsal de La Jornada en Chihuahua, Miroslava Breach, respondió: ‘‘Era una persona importante en su estado, con gran penetración. Las notas que ella hacía eran muy importantes’’.

Sostuvo que la fiscalía a su cargo no ha descartado ninguna línea de investigación, y cuando se tenga la certeza de que no hay otra qué comprobar, se presentará el expediente ante el juez de control ‘‘para llevar a la gente ante la justicia’’.

Mientras, cuando la subprocuradora de Derechos Humanos citó la cifra de tres sentencias obtenidas contra responsables de los crímenes contra periodistas, el diputado Exaltación González Ceceña, del Partido Acción Nacional, expresó: ‘‘Son muy pocos. El Estado es el primer obligado a dar protección a los periodistas. Tienen hijos y tienen padres. El problema en el país es la impunidad y la falta de resultados’’.

Presentó una radiografía de las agresiones a periodistas en el país. Informó que desde la creación de la fiscalía, en 2010, se integraron 873 averiguaciones previas en el sistema penal tradicional, de las cuales quedan pendientes 107, mientras que desde la implementación del nuevo sistema penal acusatorio se han iniciado 121 carpetas, y ha tenido conocimiento inicial de 114 homicidios de comunicadores ocurridos desde 2000 hasta febrero pasado.

Explicó que desde 2010 se han integrado 368 expedientes por amenazas, 150 por abuso de autoridad, 70 por lesiones, 70 por robo, 66 por homicidio, 55 por privación ilegal de la libertad y 48 por daño en propiedad ajena, de los cuales ha ejercido esa facultad en 48 casos.

‘‘Las agresiones y homicidios en contra de periodistas no son sólo una agresión a la víctima directa, sino que agreden a la sociedad en su conjunto’’, afirmó.