La herencia económica para el nuevo gobierno federal no es favorable. Las reformas laboral y energética más que impulsar el crecimiento económico lo estancaron en el promedio de 2.3%. 

La informalidad en el empleo se redujo de 62 a 57%, pero la flexibilidad laboral generó reducción salarial y debilidad del mercado interno: 60% de la población ocupada recibe de hasta 1 a 3 salarios mínimos -más de 43 millones- y 10% de 3 a 5 salarios mínimos -más de 7 millones-; la privatización de la cadena productiva de hidrocarburos redujo la producción de petróleo (2.5 millones de barriles diarios en julio de 2013 a 1.98 millones en julio de 2017), se incrementaron los precios de diésel, gasolinas y electricidad, lo que generó elevación costos de producción y de precios al consumidor. 

Estos dos factores inhibieron la dinámica económica –aparte las elevadas tasas de interés crediticias-, pero además factores externos como la elevación periódica de tasas de interés en Estados Unidos, incertidumbre por renegociación del TLC, la guerra comercial iniciada por el gobierno estadounidense, entre otros.

La depreciación del tipo de cambio inició con el actual sexenio cuando la paridad fue 13.20 pesos por dólar, el 2015 se situaba alrededor de 17.30 y los años 2016-2017, con el gobierno de Trump, eventualmente superó los 20.50 pesos por dólar.

Fueron aspectos internos que generaron desconfianza en la economía mexicana, como la inseguridad en el País y la tendencia alcista de la deuda pública federal (alrededor de 80% interna y 20% externa), ya que en 2013 era de 5.4 billones de pesos y hoy supera los 10.5 bdp, lo que representa más del 45% de la riqueza nacional (PIB) y enciende focos rojos en las finanzas públicas del nuevo gobierno (en 2017 sólo de intereses -incluido el Fobaproa-, se pagaron más de 100 mil millones de pesos, y contando).

En materia económica a nadie conviene un país convulsionado de tal manera que los acuerdos entre el próximo gabinete y la cúpula empresarial prevén el inicio de una nueva dinámica.

En acuerdos de responsabilidad empresarial y gubernamental se requiere una política industrial efectiva para fortalecer la productividad y el mercado interno. Asimismo evitar los privilegios fiscales, ya que de 2013 a 2016 se devolvieron 1.34 billones de pesos de impuestos, de estos 995 mmdp a grandes contribuyentes. 

Existe consenso de incrementar periódicamente el salario mínimo, de inicio de 88.30 pesos actual a más de 100 pesos en el próximo año, lo que no presionará los precios dado el nivel de productividad actual. 

El nuevo gobierno se compromete a reducir el gasto corriente en servicios personales y de operación (actualmente en más de 1.5 billones de pesos) e impulsar el gasto en infraestructura productiva, de 297 mmdp actual a más de 450 mmdp, esto en refinerías (iniciar rehabilitación y construir dos para contener incrementos en precios de energéticos… eventualmente reducirlos) y en determinadas regiones del País, para efecto multiplicador económico regional y nacional.

Se añaden transferencias gubernamentales en programas de empleo a jóvenes en empresas, quienes serán “aprendices” en una especie de tutoría formativa para la productividad; en este programa y en otro de incremento a las pensiones se aplicarían más de 150 mil millones de pesos.

Aparte de una perspectiva técnica de las finanzas públicas, lo anterior implica una visión ideológica del papel del gobierno en el crecimiento económico, es decir modificación paulatina de un Estado que en gran medida delegó al mercado la asignación de recursos a otro que será impulsor y orientador -que no rector- de la economía, para elevar el crecimiento en al menos 3.5%.

Pero esto requiere dos condiciones muy necesarias: Estado de derecho que reduzca la corrupción a su mínima expresión y que las ganancias empresariales se reinviertan de manera directa en México. Veremos.