Al Poder Legislativo pareciera no existir forma de obligarle a cumplir con sus responsabilidades legales y por ello sus integrantes pueden ignorar, impunemente, el mandato de la ley por casi 16 meses

El cuestionamiento contenido en el título del presente texto no busca conducir a la conclusión de que el Consejo General del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI) debería contar sólo con cuatro comisionados –en lugar de los cinco que establece la Ley–, sino llamar la atención sobre la prolongada ausencia que registra dicho órgano.

Y es que, como lo informamos en esta edición, el Consejo General del ICAI acumula ya 16 meses operando solamente con cuatro miembros, sin que a nadie parezca resultarle importante que se cubra la vacante que dejó Alfonso Villarreal Barrera al concluir su periodo.

¿Por qué no se ha cubierto dicha vacante? La respuesta corta es: porque el Congreso del Estado no ha emitido la convocatoria para desahogar el proceso de selección de quien ocupará la vacante.

¿Y por qué el Poder Legislativo de Coahuila no ha emitido la convocatoria respectiva?

Esta pregunta resulta un poco más difícil de responder, sobre todo porque los integrantes de la Legislatura estatal tienen obligaciones puntuales contenidas en la ley de la materia, obligaciones que han ignorado de forma sistemática por casi año y medio.

En este sentido, conviene recordar lo establecido en el último párrafo del artículo 173 de la Ley de Acceso a la Información Pública que textualmente señala: “en caso de ausencia de uno o más de los comisionados, el Secretario Técnico deberá de hacerlo del conocimiento del Congreso del Estado, para que éste inicie en un plazo no mayor a 15 días el procedimiento de designación de comisionados”.

Cabe la posibilidad, desde luego, que el secretario técnico del ICAI, José Eduardo Vega Luna, hubiera omitido hasta ahora informar al Congreso del Estado de la vacante. Y si tal fuera la razón, habría que cuestionar por qué no se ha sancionado al funcionario omiso.

Más probable es que la tardanza en la emisión de la convocatoria respectiva tenga su origen en que los liderazgos legislativos que controlan el Congreso no hayan sido capaces aún de construir los “acuerdos políticos necesarios”, para que la designación de la persona que cubrirá la vacante pueda registrarse de manera tersa.

En adición a esta circunstancia, sin duda está el hecho de que al Poder Legislativo pareciera no existir forma de obligarle a cumplir con sus responsabilidades legales y por ello sus integrantes pueden ignorar, impunemente, el mandato de la ley por casi 16 meses.

Y, dado que el actual comisionado presidente, Luis González Briseño, afirma que el órgano garante del derecho de acceso a la información pública está “trabajando desde hace un año y cuatro meses de manera normal”, pues eso parece abonarle a la idea de que no corre ninguna prisa.

Frente a tales elementos no puede menos que concluirse que, si el ICAI tiene 16 meses operando “de manera normal” con un comisionado menos, pues probablemente sea tiempo de eliminarlo de forma definitiva pues, según parece, no hace falta.