Ambas partes harían bien en abstenerse de lanzar acusaciones que no abonan al esclarecimiento de los hechos de pederastia

La relación entre el Gobierno encabezado por Rubén Moreira y la Diócesis de Saltillo que preside Raúl Vera no ha sido precisamente tersa a lo largo de los años, pero seguramente no había alcanzado un momento de tensión como el registrado ayer, a partir de los señalamientos puntuales que el titular del Ejecutivo coahuilense lanzó al clérigo.

En el marco de una gira de trabajo por Monclova, el Mandatario estatal afirmó que el obispo Raúl Vera habría “permitido” la fuga de los sacerdotes que presuntamente cometieron actos de pederastia en Saltillo. Lo anterior, debido a la tardanza del prelado en declarar ante el ministerio público y proporcionar los nombres de los sacerdotes cuya existencia él mismo reveló.

“El Obispo de Saltillo dijo que él conocía varios casos de pederastia y ya dio los nombres al Ministerio Público, aquí el problema es que, por lo que yo vi, se tardó muchísimo en darlos y hoy no encuentran a los pederastas (…) creo que Raúl Vera con su tardanza en declarar permitió su huida”, dijo el titular del Ejecutivo.

Previamente, como se ha informado, la Procuraduría General de Justicia del Estado citó al Obispo de Saltillo a declarar el pasado 27 de julio, circunstancia que generó la emisión de un comunicado en el cual la Diócesis deslizó la posibilidad de que el citatorio tuviera motivaciones políticas.

En éste se afirma que el citatorio a declarar se registra “en un contexto político y social que incluyen las incertidumbres y confusiones del pasado proceso electoral en el Estado de Coahuila, el incremento en el índice de la violencia en diferentes municipios, las represalias contra trabajadores mineros, el hallazgo de cuerpos con signos de tortura y, sin duda, tanto el informe que de Coahuila se ofreció en la CPI, como el proceso electoral del próximo 2018”.

Sin duda, en uno y otro lado existen razones para los señalamientos, pues el clima de crispación que dejó el pasado proceso electoral es una realidad que no puede ocultarse, y la presunta existencia de pederastas obliga a la PGJE a investigar y perseguir a los posibles perpetradores de tales conductas.

Pero en un uno y otro lado, también, se están excediendo los límites deseables en la relación entre el poder público y uno de los poderes fácticos más relevantes de nuestra sociedad.
El titular de la Diócesis de Saltillo, o cualquier otro clérigo, debería cooperar con las autoridades para esclarecer, de conformidad con las leyes penales, la posible existencia de casos de pederastia en su jurisdicción eclesiástica. El titular del Ejecutivo tendría que contener el impulso de ventilar públicamente el contenido de una investigación que se encuentra en proceso.

En el camino, ambas partes harían bien en abstenerse de lanzarse mutuas acusaciones que, claramente, sólo tienen la intención de impactar en la opinión pública, pero que no abonan al esclarecimiento de los hechos de los cuales se dicen preocupados.

El intercambio de ideas, incluso el intercambio fuerte de ideas, no debe asustarle a nadie ni debe ser condenado per se. Sin embargo, es deseable que cuando éste se registre, no sirva solamente para abonar a la crispación social, sino para resolver los elementos de la agenda pública que nos interesan a todos.