Según la historia, las instituciones democráticas se inauguran con una gran contradicción interna: se sustentan en los principios universalistas de igualdad y libertad, pero presentan un diseño inicial estructuralmente excluyente; las mujeres, siendo la mitad de la población fueron relegadas, eliminadas del derecho al voto, por lo que ellas emprendieron una lucha que se prolongó durante 140 años a fin de conseguir que se les reconociera legalmente como ciudadanas.

En México el proceso fue bastante más lento ya que el derecho a votar se retrasó hasta 1953. Sin embargo, el avance que esto representó en el camino para lograr la igualdad formal estaba lejos de ser decisivo. Durante décadas los estereotipos patriarcales de sometimiento a los varones limitaron los derechos ciudadanos femeninos, casi hasta finales del siglo pasado las leyes federales y locales obligaban a las mujeres a tener el permiso del marido para obtener un empleo fuera del hogar y no se diga para actuar en la política. 

El siglo XXI ha sido claramente distinto, se han dado pasos importantes para conseguir la paridad de género en todo el país, y estas no han sido concesiones graciosas de los varones, ha sido la lucha feminista la que ha enmendado las injusticias en el trato discriminatorio. Las acciones afirmativas, como las cuotas de género abrieron la participación femenina a la vida pública, el avance ha sido tan importante que en el Congreso de la Unión, en la Cámara de senadores se alcanzó la paridad de género con un 50.8 % de mujeres de un total de 128 senadores, en la de diputados se llegó al 48.2% de 500 integrantes.

En 2019 la representación femenina nacional entre los diputados locales fue de 49.2 por ciento; las síndicas representaron 39.52 por ciento del total mientras que las regidoras alcanzaron el 40.5 por ciento. En las instancias de gobierno de mayor cercanía con la población, las presidencias municipales la participación de las mujeres es mínima (22.77 por ciento en 2019), es muy probable que en las elecciones del 6 de junio ese dato cambie de manera importante.

La exclusión femenina no es la única, también se da la racista, por color de piel, la de etnias, la condición social económica, cultural o religiosa, estas exclusiones no son naturales ni elegidas, sino adscritas por las sociedades. Las mujeres, de todo tipo y condición, han sufrido históricamente los efectos de estas estructuras de poder, en los hechos, las mujeres y las niñas siguen enfrentando enormes obstáculos que oponen resistencias culturales poderosísimas a la condición de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres para ejercer plenamente sus derechos y condiciones de personas y ciudadanas.

Es dramático que, en esta coyuntura, mientras se percibe que la igualdad de género avanza, las mujeres padezcamos una violencia generalizada que vive México y que exacerba las condiciones de desigualdad entre hombres y mujeres. Ellas sufren en este contexto más violencia de género que en tiempos de paz, los feminicidios lo muestran. 

La situación exhibe que es en el terreno de las mentalidades sociales donde quedan más tareas pendientes para lograr la igualdad de género, la educación es un instrumento primordial, pero también la revolución digital que ha transformado nuestros modos de vida, el #MeToo repercutió internacionalmente, las redes sociales muestran el sometimiento proverbial oculto que moviliza políticamente y da voz y empodera a las mujeres, son un instrumento clave.

En Coahuila, el movimiento magisterial en el que la mayoría son mujeres está sometido a la tiranía priista, cínica y sinvergüenza que no le importa ofender y violentar a los maestros de la Sección 38, los de la UAAAN y la UAdeC otorgando premios mientras los marginados protestan en un plantón, por eso, ni un voto al PRI ni a su aliado el PRD. 

Armando Guadiana, de llegar a la alcaldía donará todo su salario para otorgar becas en favor de estudiantes y organizaciones defensoras de derechos humanos, ¿y Chemita N. también lo haría?

Rosa Esther Beltrán Enríquez
HORIZONTE CIUDADANO