Evitar la convocatoria a elecciones presidenciales en 2024. Ese es, desde mi punto de vista, el objetivo detrás de la campaña emprendida desde el Gobierno de la República en contra del Instituto Nacional Electoral, campaña cuya virulencia aumentó esta semana.

Reitero, antes de entrar a los detalles, una afirmación realizada en este espacio en diversas ocasiones: por regla general procuro no suscribirme a las teorías conspiratorias como fórmula para explicar la realidad, porque tiendo a considerar dicho ejercicio como una manifestación de pereza mental y superficialidad analítica, sobre todo.

Sin embargo, de cuando en cuando aparecen en el horizonte signos cuya lectura invita a repensar la posición porque evidencian la existencia de una conspiración para concretar planes contrarios al interés general. Eso, me parece, está ocurriendo en este momento con la narrativa impulsada desde dos pistas en las cuales se registran hechos aparentemente inconexos pero orientados en realidad a un objetivo común.

La primera pista es la del Poder Judicial de la Federación, institución objeto de una reforma a las normas rectoras de su vida interna de las cuales poco se habla porque dicho proceso ha sido opacado por la decisión de ampliar, contrariando a la Constitución, el período de su ministro presidente, Arturo Zaldívar, al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura.

Lo importante en esta historia es el argumento central utilizado para justificar la decisión: solamente Arturo Zaldívar puede concretar la reforma aprobada en el Congreso de la Unión y nadie más. Y dada esta realidad se justifica entonces permitirle ejercer el cargo más allá del límite constitucional. En este caso se actualizaría el viejo adagio de “el fin justifica los medios”.

La segunda pista es la del INE, institución en contra de la cual el presidente López Obrador, su partido y sus acólitos tienen meses sosteniendo un discurso cuyo propósito es consolidar, en el imaginario colectivo, dos convicciones centrales:

Por un lado, la idea de no identificar al INE como la institución garante de la legalidad en la organización de las elecciones, sino más bien como un obstáculo monumental para dicho propósito. Y si no es el INE, ¿quién garantiza entonces la realización de elecciones libres y transparentes cuyos resultados reflejen la voluntad popular? ¡El Presidente!

Por el otro, se intenta convencernos de haber llegado el final del ciclo de vida de dicha institución, presentándola como un órgano agotado cuya existencia tuvo sentido en el pasado, pero ya no más. En consecuencia, el INE debe desaparecer o, cuando menos, dar paso a una institución nueva.

En ambos casos es necesario precisar algo: la discusión respecto de la geografía institucional, en las democracias, es una siempre inacabada y por ello cabe animar el debate respecto de cómo puede transformarse tal estructura con el propósito de mejorar sus resultados en beneficio colectivo.

Pero en este caso no se trata de eso, sino de pavimentar el camino para intentar, llegado el momento, el asalto al poder a partir del argumento favorito de López Obrador: ser él mismo un individuo providencial, único, irrepetible y depositario de toda la virtud nacional, en cuya ausencia todo lo construido se derrumbaría de forma irremediable.

Para lograrlo, me parece evidente, se está construyendo un escenario de crisis cuyo punto culminante sería volver imposible para el INE la realización de sus tareas, específicamente una: la expedición de la convocatoria a elecciones presidenciales en 2024.

Los resultados de la jornada electoral del próximo 6 de junio serán claves en dicho propósito independientemente de quién se alce con la victoria. Cualquier escenario le sirve al Presidente y sus apandillados: si pierden gritarán fraude; si ganan proclamarán dicho resultado como un “acto heroico” logrado “a pesar del INE”.

A partir de allí, el embate se recrudecerá y la institución será objeto de asedio permanente hasta lograr lo ya adelantado por el impresentable Félix Salgado Macedonio: convertir a la elección de 2021 en la última organizada por el INE. Dinamitado el órgano, el régimen no se apresurará a construir uno nuevo, sino a profundizar la crisis generada por el vacío.

Porque el objetivo es no convocar a elecciones, es decir, impedir la elección del relevo de López Obrador. ¿Y cómo le hacemos si no hay presidente electo para el 1 de octubre de 2024? ¿Cómo resolvemos la crisis institucional generada por la inexistencia de un sustituto electo por el pueblo?

Allí es donde entra en juego la teoría del individuo providencial, indispensable, único, irrepetible. De la misma forma en la cual hoy el ministro Zaldívar es el único capaz de garantizar la transformación del Poder Judicial de la Federación, en 2024 López Obrador será el único ser sobre la tierra capaz de evitar el caos.

Al tiempo.

¡Feliz fin de semana!

@sibaja3

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