Nadie con un mínimo de seriedad puede negar que el gobierno mexicano ha actuado con demora, lentitud y evidente ineficacia en la gestión de la pandemia de COVID-19. Desde el inicio, así se ha observado. Sólo un necio puede sostener lo contrario. Quien sobre este asunto haya seguido las noticias se habrá quedado con la impresión que desde el principio el gobierno minimizó el problema y luego no supo qué hacer. Peor aún: sistemáticamente se ha negado a reconocer sus errores y a corregir el rumbo. Como sí lo hicieron Suecia e Inglaterra, por ejemplo. Un punto tan elemental como lo es el simple uso del cubrebocas ilustra esta cadena de pifias, mentiras y engaños. Que ya ha costado la vida a cientos de miles de mexicanos.

Como prueba de lo anterior está el señalamiento público, en realidad un vergonzoso regaño ante todo el planeta, que el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, hizo a nuestro País a principios de diciembre del año pasado por el creciente número de contagios y decesos por COVID-19, al declarar: “Cuando ambos indicadores se duplican, creo –dijo– que es un problema bastante grave. Le pedimos a México que sea más serio”. ¡Tómala!

Un mes antes, en noviembre de 2020, el llamado índice de resiliencia COVID, estudio elaborado y publicado por Bloomberg, colocó a México en el último lugar, es decir, como el país menos exitoso, el que ha tenido el peor desempeño en el manejo de la pandemia. Seguramente nadie dudará que esta posición corresponde a la dura y terca realidad que –quien más, quien menos– todos hemos visto.

Fiel a su pobre estrategia de culpar siempre a terceros o al pasado de sus propios errores, que es la estrategia seguida por el actual gobierno, ha de preguntársele por qué razón tardó tanto en reaccionar ante la pandemia y cuando lo hizo fue de manera errática y torpe, si justo gobiernos anteriores le habían dejado pauta y programa precisos para hacer frente a una pandemia.

En efecto, en el Diario Oficial de la Federación del 19 de julio de 2006 aparece publicado el “Acuerdo por el que se establecen las actividades de preparación y respuesta ante una pandemia de influenza”, dictado el día 4 del mencionado mes de julio de 2006 por el Consejo de Salubridad General (CSG) presidido entonces por el secretario de Salud Julio Frenk, en cuyo numeral Sexto se ordena: “Notifíquese al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para efectos de lo dispuesto en el artículo 181 de la Ley General de Salud”. Vale la pena remarcarlo, dice: Notifíquese al Presidente, porque así lo acuerda el CSG.

¿Se imagina usted, amable lector, al actual secretario de Salud, de cuyo nombre nadie quiere acordarse, sencillamente porque nadie logra siquiera retenerlo, procediendo como lo hizo Julio Frenk hace tres lustros, con fundamento en lo establecido por la fracción XVI del artículo 73 constitucional?

El Acuerdo dictado por el CSG desde 2006 dispone la instrumentación de un “Plan Nacional de Preparación y Respuesta ante una Pandemia de Influenza” cuya ejecución, de presentarse el caso, será coordinada por el Comité Nacional para la Seguridad en Salud, presidido por el secretario del ramo.

El Plan se estructura en seis apartados, los cuales incluyen 33 acciones específicas perfectamente determinadas. Esos seis apartados o capítulos son: Difusión y Movilización Social, Coordinación, Vigilancia Epidemiológica, Atención Médica, Reserva Estratégica e Investigación y Desarrollo.

Imposible mencionar aquí cada una de esas 33 acciones específicas, pero vale la pena dar cuenta de al menos un par de ellas. En el capítulo de Difusión y Movilización Social, una de éstas consiste en: “Desarrollar una estrategia de difusión y orientación a la población que contemplen, entre otros: reducción del contacto social, limitación de movimiento de personas y bienes, medidas básicas de higiene como lavado de manos, uso de cubrebocas, etc.”.

Y en los apartados de Vigilancia Epidemiológica y Reserva Estratégica se contempla, respectivamente, contar con “suficiencia de reactivos para el diagnóstico e insumos para laboratorio” y “la adquisición de manera inmediata para integrar una reserva estratégica que permita instrumentar (al menos) la respuesta inicial”. ¿Que no hay dinero? Al efecto, con las facultades amplísimas que la Constitución confiere al CSG, éste ordena en el numeral Quinto del Acuerdo que “se deberán otorgar los recursos necesarios a las instituciones (que específicamente se señalan) responsables de llevar a cabo las acciones”. Y punto, porque con la salud de la población cuando corre riesgos graves no se juega ni es dable pensar en falsos o malentendidos ahorros.

No faltará quien diga: “Ah, pero ese programa fue elaborado en previsión de una pandemia de influenza y no de COVID-19, como ahora es el caso”. Bueno, pues a reserva de abordar el punto en un siguiente artículo, procede señalar por lo pronto que aquél fue diseñado “de acuerdo con los modelos matemáticos y las estimaciones calculadas”, considerando que en tal pandemia podría enfermarse en nuestro País entre un 15 y 35 por ciento de su población, es decir, entre 14 y 34 millones de personas hace quince años.