“Todas las personas en el país sin seguridad social tienen derecho a recibir gratuitamente servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados (Art. 77 bis 1. Ley General de Salud). Si te hacen cobros indebidos o te niegan la atención, ¡denuncia!”.

El texto anterior corresponde al aviso con el cual recibe a los cibernautas la página principal del sitio web del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el modelo con el cual el Gobierno de la República busca sustituir al Seguro Popular pero que ha tenido un arranque caótico, por decir lo menos.

El aviso digital sin duda es acertado, pues cita una norma vigente y, como toda norma vigente, las autoridades tienen la obligación de cumplirla. Pero que una norma señale la existencia de un derecho no produce ningún resultado de forma automática, pues para ello es indispensable que se destinen los recursos que requiere la materialización del derecho.

Estamos hablando de vidas humanas que se encuentran en peligro debido a la suspensión de tratamientos o la negativa de atenderles"

Señalar lo anterior es necesario para comprender que en el caso del Insabi no estamos necesariamente ante un problema de negligencia de las autoridades o de una vocación por incumplir con sus obligaciones legales, sino frente a una realidad mucho más mundana: no se han proveído los recursos para garantizarle a las personas su derecho a la salud.

Es el caso, según su Director, del Hospital Universitario de Saltillo, donde se atendían los hoy ex derechohabientes del Seguro Popular y que han dejado de recibir el servicio debido, por un lado, a la suspensión del programa y, por el otro, a que el Seguro Popular mantiene un adeudo con dicho nosocomio.

“Tenemos el problema de los recursos económicos. Se está atendiendo a los pacientes que ya tenían atención con nosotros. Pero si no tiene recursos para pagar el hospital, no. Hay que recordar que el hospital cobra una fracción de lo que cuesta un hospital privado”, dijo Lauro Cortés al precisar que, como todo hospital del país, están cumpliendo con la obligación que tienen de atender emergencias, pero nada más.

El Gobierno de la República ha dicho que el problema del Insabi se resolverá de aquí a fin de año. Y puede que así sea, pero el problema es que existen cientos de miles -acaso millones- de personas que no pueden esperar a que la burocracia gubernamental salga de su letargo.

Estamos hablando de vidas humanas que se encuentran en peligro debido a la suspensión de tratamientos o la negativa de atenderles de algún padecimiento que progresa sin detenerse.

Como el Hospital Universitario de Saltillo, decenas de centros de atención médica en todo el país, que hasta hace unos días atendían a personas de escasos recursos, hoy se ven imposibilitados de seguir haciéndolo por la decisión de cancelar el Seguro Popular.

Para las personas que tenían dicho servicio como única alternativa el ofrecimiento de una línea telefónica para hacer denuncias no es ni siquiera un paliativo, pues que la Secretaría de la Función Pública ponga a su disposición un número telefónico para expresar una queja no les resuelve nada.

Y es que una vez concluida la llamada seguirán estando exactamente en el mismo lugar: la cruda realidad de no contar con la posibilidad de recibir atención médica o el tratamiento para una enfermedad.