¿De qué sirve un perdón si no devuelve el tiempo perdido, si no sana la angustia, si no calma la desesperación, si no te permitió dar a luz a tu hija fuera de la cárcel?  Tres mexicanas estuvieron presas casi cuatro años al ser acusadas de una estupidez. 

En mayo de 2006 Teresa González, Alberta Alcántara Juan y Jacinta Francisco Marcial, fueron detenidas por presuntamente haber secuestrado a seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigaciones. Sí, tres mujeres que no superan el metro y medio de estatura fueron consideradas capaces de someter a varios agentes de élite y sentenciadas a 21 años. 

Su proceso judicial fue un infierno, les sembraron droga, no tuvieron acceso a una defensa en su lengua original, ñañú (no hablaban español), no contaban con recursos económicos para su defensa y una larga lista de agravios.

Esta semana, la Procuraduría General de la República (PGR), en un hecho inédito, les pidió perdón. En un lugar visible y público ante todo México.

Este perdón casi obligado, tardío, insuficiente pero necesario se daría en una ceremonia con carga simbólica pero que debía ajustarse a un protocolo que se rompió cuando Esthela Hernández, hija de Jacinta Francisco Macial, subió a tribuna y entonó lo que todos ahí pensaban: “Es lamentable, vergonzoso e increíble que a seis meses de cumplirse once años del caso 482006 hoy por fin la Procuraduría General de la República reconoce de manera forzada, no por voluntad, que el caso citado fue un error (…) la disculpa es por funcionarios mediocres, ineptos, corruptos e inconscientes que fabricaron el delito de secuestro e inventaron que Jacinta era delincuente. 

“Hoy queda demostrado que ser pobre, mujer e indígena no es motivo de vergüenza, vergüenza hoy de quien supuestamente debería garantizar nuestros derechos como etnia, como indígenas y como humanos (…) a los que sólo piensan en el dinero de reparación de daños, no se preocupen, no nacimos con él ni moriremos con él, nuestra riqueza no se basa en el dinero. Actualmente conocemos autoridades ignorantes, corruptos y vendidos, no les damos las gracias, les exigimos que, si no saben hacer su trabajo, renuncien a su cargo. Si no tienen dignidad que sea por vergüenza, si no tienen vergüenza que sean por sus hijos, por mis hijos, por los de todos nosotros. Hoy como dijo una compañera cesada en Querétaro ‘hoy nos chingamos al Estado’ (…) hasta que la dignidad se haga costumbre. Gracias”.

Así la voz indignada que representa al 80 por ciento de indígenas presos cuyo debido proceso ha sido violado, según datos de la CNDH y a esos casi 6 mil que están en la cárcel sin sentencia y sin derecho ni siquiera a un traductor que les explique en su lengua, lo que está pasando con su vida, con su libertad.

Tal vez puedan dormir, respiren profundo y regresen a una dinámica de vida que difícilmente volverá a ser normal, pero ¿y aquellos que las acusaron falsamente? ¿qué pasa con los agentes federales que les sembraron droga, que fingieron un secuestro?¿dónde están los jueces que les chingaron la vida?

“Lamentablemente en el caso de Jacinta, Teresa y Alberta, las irregularidades no merecieron una investigación de oficio por parte de la Procuraduría y cuando la quisimos reiniciar los plazos legales ya habían terminado. Algunos de estos funcionarios siguen laborando en la Procuraduría, así que tenemos que decir que el capítulo de impunidad en este caso se mantiene abierto y no ha habido una justicia integral”, responde a esto Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez que acompaño el proceso de estas tres mujeres.

En un país donde las tragedias brotan en cada esquina, donde la injusticia y la impunidad siempre nos terminan chingando, esta historia devuelve esperanza y dignidad, tan necesarias en tiempos de este gobierno sin rumbo.